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Por Redacción
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Tránsito: alto costo en vidas y bienes



De acuerdo a un informe proporcionado por el Servicio Coordinado de Emergencias, del Ministerio de Salud de la provincia, aproximadamente 100 personas son asistidas por día  producto de incidentes viales, mal llamados “accidentes”.


La mayoría de los lesionados son pacientes que revisten gravedad y muchas veces no logran recuperarse y pierden la vida en nosocomios públicos de la provincia. En consecuencia, esas bajas representan una buena parte de las fatalidades, las que no son contabilizadas por el Estado, ya que no murieron en el acto sino que perdieron la vida a raíz de una complicación registrada en el establecimiento sanitario.


Hacinamiento sanitario


Según señala el informe, las camas en salas comunes y terapias intensivas suelen ocupar hasta un 70 % de su capacidad en atención de heridos de un incidente vehicular.


Sin embargo, para Isabel del Pópolo, de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), la insuficiencia de camas no está atada solamente al incremento de episodios viales, sino también a que los hospitales públicos no han crecido proporcionalmente al incremento poblacional. “Los heridos en hechos viales, domésticos o de inseguridad son una de las tantas causas que agravan la situación. Lo que ocurre es que se ve a los hospitales como una sala de operaciones y no es así. Hay patologías clínicas y estacionales que no se tienen en cuenta y necesitan internación. Cuando redujeron las camas en el Central, este punto no se tuvo en cuenta, como tampoco se consideran el crecimiento demográfico ni la crisis, que hace que cientos de mendocinos pasen a ser desempleados y tengan que recurrir a los efectores públicos a cubrir sus necesidades médicas”, dijo la sindicalista a la prensa local.


Caro en todo sentido


Por otra parte, los altísimos costos del servicio sanitario y la falta de recupero de las compañías de seguro, prepagas y obras sociales afecta gravemente a la economía interna de los hospitales públicos, principales receptores de los heridos.


A esto se le suman los daños materiales de bienes del Estado, por ejemplo la red de semáforos, guarda rails, etcétera, que nunca son costeados por los infractores a la Ley de Tránsito. Así, se calcula que las pérdidas materiales determinan unos 5.000 millones de dólares anuales en el país, atados a hechos de tránsito, ya sea en el ámbito judicial, en gastos de salud, jubilaciones por invalidez o en seguros.


Los siniestros viales provocan la muerte de 7.300 personas al año, unas 20 por día, lo que equivale a la caída de un avión por semana


“Lamentablemente las cifras de la accidentología vial no han bajado. Cuestionamos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que después de un poco más de un año y medio de gestión no ha logrado ningún resultado. Se montó una gran estructura, básicamente administrativa y de clientelismo partidario, nombramientos del director de la Agencia de Seguridad Vial, administrativos y asesores, pero en las rutas no hay controles, mucho menos tecnología”, dijo Hugo Alberto Fiorens, de la Asociación Voluntarios en Red, principal entidad local abocada al análisis y registro estadístico de estos acontecimientos que por año matan entre 200 y 300 mendocinos.


Camas ocupadas y mil discapacitados por año


Los siniestros en la provincia de Mendoza provocan entre 850 y 1000 discapacitados por  año. Estas consecuencias, al margen del gran padecimiento físico y la discriminación social, insumen gastos en cuidados sanitarios extras por 18 millones de dólares, mientras que a nivel nacional los más de 100 mil los heridos le demandan al sistema de salud otros 600 millones. “La situación en Mendoza se replica en las otras 23 provincias. Los hospitales, sobre todo públicos, están ocupados por heridos de tránsito, en terapias intensivas, operaciones de urgencia, prótesis o largos tratamientos”, remarcaron desde Luchemos por la Vida.


Según la Organización Mundial de la Salud, hay 3.000 muertes por día en el mundo por accidentes de tránsito, y más de 40 millones sufren lesiones no fatales. Más del 90% de estos hechos ocurre en países en desarrollo.


Por su parte, el Ministerio de Salud informó que el país presenta “un riesgo intermedio de mortalidad por lesiones de tránsito”, con una tasa nacional de 14,5 muertes cada 100 mil habitantes. Las lesiones traumáticas son la cuarta causa de muerte a nivel de la población general y la primera en personas de hasta 44 años.


Por su parte, la justicia tiene ocupada en un 30% su capacidad con causas sobre tránsito, que demandan un gasto anual de 900 millones de dólares, a través de juicios e indemnizaciones. Luchemos por la Vida estimó en 125 mil dólares el promedio que se paga por cada vida perdida. El ministro de Justicia, Julio Alak, pidió al Poder Judicial “más servicios, no alcanza con una fiscalía especializada en normas de tránsito y que ese fiscal esté en el fondo del edificio, tapado con una multitud de causas”, y al Legislativo le solicitó “trabajar para establecer leyes de seguridad vial, donde se establezcan sanciones más duras para los que no cumplan con las normas, para que el que mata producto de una imprudencia no se vaya a la casa”.


Por Orlando Tirapu – Diario El Ciudadano on line


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Tránsito: alto costo en vidas y bienes

De acuerdo a un informe proporcionado por el Servicio Coordinado de Emergencias, del Ministerio de Salud de la provincia, aproximadamente 100 personas son asistidas por día  producto de incidentes viales, mal llamados “accidentes”.

La mayoría de los lesionados son pacientes que revisten gravedad y muchas veces no logran recuperarse y pierden la vida en nosocomios públicos de la provincia. En consecuencia, esas bajas representan una buena parte de las fatalidades, las que no son contabilizadas por el Estado, ya que no murieron en el acto sino que perdieron la vida a raíz de una complicación registrada en el establecimiento sanitario.

Hacinamiento sanitario

Según señala el informe, las camas en salas comunes y terapias intensivas suelen ocupar hasta un 70 % de su capacidad en atención de heridos de un incidente vehicular.

Sin embargo, para Isabel del Pópolo, de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), la insuficiencia de camas no está atada solamente al incremento de episodios viales, sino también a que los hospitales públicos no han crecido proporcionalmente al incremento poblacional. “Los heridos en hechos viales, domésticos o de inseguridad son una de las tantas causas que agravan la situación. Lo que ocurre es que se ve a los hospitales como una sala de operaciones y no es así. Hay patologías clínicas y estacionales que no se tienen en cuenta y necesitan internación. Cuando redujeron las camas en el Central, este punto no se tuvo en cuenta, como tampoco se consideran el crecimiento demográfico ni la crisis, que hace que cientos de mendocinos pasen a ser desempleados y tengan que recurrir a los efectores públicos a cubrir sus necesidades médicas”, dijo la sindicalista a la prensa local.

Caro en todo sentido

Por otra parte, los altísimos costos del servicio sanitario y la falta de recupero de las compañías de seguro, prepagas y obras sociales afecta gravemente a la economía interna de los hospitales públicos, principales receptores de los heridos.

A esto se le suman los daños materiales de bienes del Estado, por ejemplo la red de semáforos, guarda rails, etcétera, que nunca son costeados por los infractores a la Ley de Tránsito. Así, se calcula que las pérdidas materiales determinan unos 5.000 millones de dólares anuales en el país, atados a hechos de tránsito, ya sea en el ámbito judicial, en gastos de salud, jubilaciones por invalidez o en seguros.

Los siniestros viales provocan la muerte de 7.300 personas al año, unas 20 por día, lo que equivale a la caída de un avión por semana

“Lamentablemente las cifras de la accidentología vial no han bajado. Cuestionamos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que después de un poco más de un año y medio de gestión no ha logrado ningún resultado. Se montó una gran estructura, básicamente administrativa y de clientelismo partidario, nombramientos del director de la Agencia de Seguridad Vial, administrativos y asesores, pero en las rutas no hay controles, mucho menos tecnología”, dijo Hugo Alberto Fiorens, de la Asociación Voluntarios en Red, principal entidad local abocada al análisis y registro estadístico de estos acontecimientos que por año matan entre 200 y 300 mendocinos.

Camas ocupadas y mil discapacitados por año

Los siniestros en la provincia de Mendoza provocan entre 850 y 1000 discapacitados por  año. Estas consecuencias, al margen del gran padecimiento físico y la discriminación social, insumen gastos en cuidados sanitarios extras por 18 millones de dólares, mientras que a nivel nacional los más de 100 mil los heridos le demandan al sistema de salud otros 600 millones. “La situación en Mendoza se replica en las otras 23 provincias. Los hospitales, sobre todo públicos, están ocupados por heridos de tránsito, en terapias intensivas, operaciones de urgencia, prótesis o largos tratamientos”, remarcaron desde Luchemos por la Vida.

Según la Organización Mundial de la Salud, hay 3.000 muertes por día en el mundo por accidentes de tránsito, y más de 40 millones sufren lesiones no fatales. Más del 90% de estos hechos ocurre en países en desarrollo.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó que el país presenta “un riesgo intermedio de mortalidad por lesiones de tránsito”, con una tasa nacional de 14,5 muertes cada 100 mil habitantes. Las lesiones traumáticas son la cuarta causa de muerte a nivel de la población general y la primera en personas de hasta 44 años.

Por su parte, la justicia tiene ocupada en un 30% su capacidad con causas sobre tránsito, que demandan un gasto anual de 900 millones de dólares, a través de juicios e indemnizaciones. Luchemos por la Vida estimó en 125 mil dólares el promedio que se paga por cada vida perdida. El ministro de Justicia, Julio Alak, pidió al Poder Judicial “más servicios, no alcanza con una fiscalía especializada en normas de tránsito y que ese fiscal esté en el fondo del edificio, tapado con una multitud de causas”, y al Legislativo le solicitó “trabajar para establecer leyes de seguridad vial, donde se establezcan sanciones más duras para los que no cumplan con las normas, para que el que mata producto de una imprudencia no se vaya a la casa”.

Por Orlando Tirapu – Diario El Ciudadano on line

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