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Por Redacción

Tolerancia política y tolerancia social, un debate pendiente



Hablar de tolerancia en una sociedad atravesada por las ideologías de todas las vertientes, a veces nos lleva a recorrer caminos incómodos. Cualquier alegato se puede confundir con esa forma de tolerancia de mala reputación como es la tolerancia cero; algo así como la mano dura más extrema. Pero hay otra forma de tolerancia que hasta el presente parecía también ser censurable, de la que me gustaría hablar y que, podríamos decir, está en las antípodas de la anterior: la tolerancia a la corrupción y al delito.


Nos encontramos a las puertas de un nuevo debate, que nos debemos antes de encarar la solución a cualquier problema y que propongo siempre en los foros de discusión. Para empezar, deberemos aclarar si plantearemos los problemas desde una perspectiva ideológica, donde prima la división, la violencia y hasta el odio, o lo haremos desde lo racional, sin ideologías extremas ni egoísmos y buscando la conveniencia del conjunto de la sociedad.



Seguidamente debemos hacernos algunas preguntas: ¿Tendremos ante el problema una visión tremendista –de blanco o negro-, o buscaremos una solución gradualista que no ponga en peligro las instituciones y la paz social? ¿Confundiremos la mano firme de una sopesada y consensuada decisión política, con la mano dura que pretende sospechar el garantismo abolicionista, más solidario con el delincuente que con las víctimas del delito? ¿Las reformas se podrán hacer con las leyes vigentes o será necesario dictar nuevas normas? ¿Entendemos que los problemas que enfrentamos necesitan de soluciones integrales, porque son parte de una red con vasos comunicantes, o seguiremos pensamos que cada problema se encuentra ocupando un compartimento estanco?


Algo parece estar cambiando


Con estas dudas razonables, les propongo que hablemos de tolerancia política y tolerancia social para con el delito y la corrupción. Algo que parece empezar a estar en las agendas políticas y, hasta hace poco, ausente en los debates de los procesos electorales en nuestra región. Asunto del que no se hablaba, de lo que no convenía hablar. Algo vergonzante porque, en el fondo, implica reconocer que la sociedad en su conjunto es permisiva con el delito. Que no le importa mirar para otro lado mientras “roban pero hacen”.


En Brasil han comenzado, este martes pasado, la serie de debates que marcan la recta final entre los candidatos a la presidencia. Y los argumentos siguen girando en torno a la corrupción. Esta persistencia del tema está demostrando que esa sociedad ha llegado a un punto de maduración –y de hartazgo-, y ha empezado a advertir que este mal es la causa eficiente de muchas otras enfermedades.


Allí, como en el resto de los países sudamericanos, está quedando claro que el tema de la corrupción estatal no es un invento de la prensa opositora, sino que es algo evidente y compartido no sólo por diversos analistas y organismos mundiales especializados; ahora la sociedad está tomando nota de ello. Mayor corrupción significa también baja competitividad, poca transparencia y dudosa calidad institucional.


El umbral del dolor


Los países con mayores índices de corrupción parecen ser los que más castigan a la economía y la seguridad de sus habitantes. Este año el Foro Económico Mundial de Davos, que mide los índices de competitividad y corrupción, ubicó a la Argentina en el puesto 104 entre 144 países considerados. Es interesante saber que las variables analizadas tienen que ver con calidad institucional, ética y corrupción, desvío de fondos públicos, independencia judicial y confianza pública en los políticos.


Por su parte el sitio español “Datos Macro” (www.datosmacro.com) ubica a nuestro país en el puesto 106, entre los 175 considerados del ranking de corrupción. Este ranking utiliza una escala de cero a cien, donde el cero indica la percepción del más alto índice de corrupción y el cien la de los niveles más bajos. Nuestro país obtuvo 34 puntos, sólo algo mejor que Venezuela (20). Brasil nos supera apenas con 42 puntos. La contracara fueron Chile y Uruguay, con 71 y 73 puntos respectivamente.


Este mismo sitio consigna el índice de incremento de precios al consumo (IPC de agosto del 2014), que muestra a nuestro país con un incremento del 23,1% (18,2% acumulado desde enero), sólo superado en la Región por Venezuela con el 63,4% (39% acumulado desde enero).


En la América del Sur en general, como en nuestro país en particular, nos asalta una pregunta ¿Cuál es el umbral de dolor de nuestra sociedad con respecto a la corrupción, al narcotráfico y a la inseguridad? Me refiero al límite de padecimiento que podemos soportar viendo cómo los políticos roban en nuestras narices, el narcotráfico enferma a nuestros hijos y los delincuentes comunes nos matan y despojan en la vía pública y nuestra propia casa.


Debemos decirlo aunque nos duela. No sólo adolecemos de políticos y jueces culposamente tolerantes, también nosotros como sociedad hemos mostrado una gran resignación ante el delito y la corrupción. Supimos ser una de las sociedades más instruidas y progresistas de la América Latina. Se me hace sueño que en mi juventud viví un país de madrugadas con penitentes botellas de leche en los pórticos de las casas; señoras baldeando las veredas, con la puerta abierta y mercadería esperando solitaria en las veredas de los almacenes con las persianas bajas. Quizás, en aquella época gozábamos de una saludable intolerancia social al delito.


Tal vez debamos recuperar el tiempo perdido, expresándonos con sensatez a través de las urnas.


Emilio Luis Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional “Santa Romana”.


Autor de “El Momento es Ahora” y “El ABC de la Defensa Nacional”.


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Tolerancia política y tolerancia social, un debate pendiente

Hablar de tolerancia en una sociedad atravesada por las ideologías de todas las vertientes, a veces nos lleva a recorrer caminos incómodos. Cualquier alegato se puede confundir con esa forma de tolerancia de mala reputación como es la tolerancia cero; algo así como la mano dura más extrema. Pero hay otra forma de tolerancia que hasta el presente parecía también ser censurable, de la que me gustaría hablar y que, podríamos decir, está en las antípodas de la anterior: la tolerancia a la corrupción y al delito.

Nos encontramos a las puertas de un nuevo debate, que nos debemos antes de encarar la solución a cualquier problema y que propongo siempre en los foros de discusión. Para empezar, deberemos aclarar si plantearemos los problemas desde una perspectiva ideológica, donde prima la división, la violencia y hasta el odio, o lo haremos desde lo racional, sin ideologías extremas ni egoísmos y buscando la conveniencia del conjunto de la sociedad.

Seguidamente debemos hacernos algunas preguntas: ¿Tendremos ante el problema una visión tremendista –de blanco o negro-, o buscaremos una solución gradualista que no ponga en peligro las instituciones y la paz social? ¿Confundiremos la mano firme de una sopesada y consensuada decisión política, con la mano dura que pretende sospechar el garantismo abolicionista, más solidario con el delincuente que con las víctimas del delito? ¿Las reformas se podrán hacer con las leyes vigentes o será necesario dictar nuevas normas? ¿Entendemos que los problemas que enfrentamos necesitan de soluciones integrales, porque son parte de una red con vasos comunicantes, o seguiremos pensamos que cada problema se encuentra ocupando un compartimento estanco?

Algo parece estar cambiando

Con estas dudas razonables, les propongo que hablemos de tolerancia política y tolerancia social para con el delito y la corrupción. Algo que parece empezar a estar en las agendas políticas y, hasta hace poco, ausente en los debates de los procesos electorales en nuestra región. Asunto del que no se hablaba, de lo que no convenía hablar. Algo vergonzante porque, en el fondo, implica reconocer que la sociedad en su conjunto es permisiva con el delito. Que no le importa mirar para otro lado mientras “roban pero hacen”.

En Brasil han comenzado, este martes pasado, la serie de debates que marcan la recta final entre los candidatos a la presidencia. Y los argumentos siguen girando en torno a la corrupción. Esta persistencia del tema está demostrando que esa sociedad ha llegado a un punto de maduración –y de hartazgo-, y ha empezado a advertir que este mal es la causa eficiente de muchas otras enfermedades.

Allí, como en el resto de los países sudamericanos, está quedando claro que el tema de la corrupción estatal no es un invento de la prensa opositora, sino que es algo evidente y compartido no sólo por diversos analistas y organismos mundiales especializados; ahora la sociedad está tomando nota de ello. Mayor corrupción significa también baja competitividad, poca transparencia y dudosa calidad institucional.

El umbral del dolor

Los países con mayores índices de corrupción parecen ser los que más castigan a la economía y la seguridad de sus habitantes. Este año el Foro Económico Mundial de Davos, que mide los índices de competitividad y corrupción, ubicó a la Argentina en el puesto 104 entre 144 países considerados. Es interesante saber que las variables analizadas tienen que ver con calidad institucional, ética y corrupción, desvío de fondos públicos, independencia judicial y confianza pública en los políticos.

Por su parte el sitio español “Datos Macro” (www.datosmacro.com) ubica a nuestro país en el puesto 106, entre los 175 considerados del ranking de corrupción. Este ranking utiliza una escala de cero a cien, donde el cero indica la percepción del más alto índice de corrupción y el cien la de los niveles más bajos. Nuestro país obtuvo 34 puntos, sólo algo mejor que Venezuela (20). Brasil nos supera apenas con 42 puntos. La contracara fueron Chile y Uruguay, con 71 y 73 puntos respectivamente.

Este mismo sitio consigna el índice de incremento de precios al consumo (IPC de agosto del 2014), que muestra a nuestro país con un incremento del 23,1% (18,2% acumulado desde enero), sólo superado en la Región por Venezuela con el 63,4% (39% acumulado desde enero).

En la América del Sur en general, como en nuestro país en particular, nos asalta una pregunta ¿Cuál es el umbral de dolor de nuestra sociedad con respecto a la corrupción, al narcotráfico y a la inseguridad? Me refiero al límite de padecimiento que podemos soportar viendo cómo los políticos roban en nuestras narices, el narcotráfico enferma a nuestros hijos y los delincuentes comunes nos matan y despojan en la vía pública y nuestra propia casa.

Debemos decirlo aunque nos duela. No sólo adolecemos de políticos y jueces culposamente tolerantes, también nosotros como sociedad hemos mostrado una gran resignación ante el delito y la corrupción. Supimos ser una de las sociedades más instruidas y progresistas de la América Latina. Se me hace sueño que en mi juventud viví un país de madrugadas con penitentes botellas de leche en los pórticos de las casas; señoras baldeando las veredas, con la puerta abierta y mercadería esperando solitaria en las veredas de los almacenes con las persianas bajas. Quizás, en aquella época gozábamos de una saludable intolerancia social al delito.

Tal vez debamos recuperar el tiempo perdido, expresándonos con sensatez a través de las urnas.

Emilio Luis Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional “Santa Romana”.

Autor de “El Momento es Ahora” y “El ABC de la Defensa Nacional”.

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