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Por Redacción
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Sin lugar para los ‘débiles’



A pesar de que el Gobierno nacional y entidades no gubernamentales promueven permanentemente programas de inclusión laboral para personas con capacidades diferentes, empresas (grandes, medianas y chicas) locales siguen sin sumar personal incluido en grupos sociales de gran vulnerabilidad. Según pudo confirmar El Ciudadano, en nuestra provincia, el 90% de los afectados no tienen la posibilidad de ingresar al mercado laboral, aún cuando los empleadores cuentan con grandes beneficios impositivos por emplear personas con alguna limitación.


Por otra parte, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de un 60% de las personas con discapacidad en Argentina está en edad de trabajar, sin embargo, esta minoría experimenta un índice de desempleo del 80% a 95% dependiendo la provincia.


De acuerdo a lo expuesto por los especialistas consultados, la barrera mental es señalada como el principal impedimento en la inclusión de personas con discapacidades -mentales, motrices, auditivas, visuales o funcionales (del corazón, pulmones)- en el mundo laboral. Y además, el discapacitado mendocino debe lidiar con un inapropiado sistema público de transporte que no está a la altura de sus circunstancias, lo que también es un elemento que coarta todo tipo de oportunidades laborales, sobre todo, cuando se trata de una limitación motriz.


En el 2010, el INDEC demostró a través del censo que 228.142 mendocinos padecen alguna “dificultad o limitación permanente” para poder trabajar. Así para darnos una idea sobre la dimensión de esta cantidad basta con pensar que es casi el doble de la cantidad de habitantes de la Ciudad de Mendoza (unas 116 mil personas) y supera la población de cada uno de los departamentos, a excepción de Guaymallén, la comuna más poblada, que tiene 283.803 habitantes.


“Las personas que tienen más dificultades para obtener empleo son quienes tienen discapacidad intelectual o psicosocial y el trabajo protegido se presenta como una alternativa, aunque, claramente, sería mejor que el mercado pudiese absorber a trabajadores con estas características”, asegura Verónica González Bonet, titular de la Red de Derechos por las Personas con Discapacidad (Redi).

Otro aspecto importante a la hora de caracterizar a este sector vulnerabilizado por una sociedad injusta es el de sus condiciones económicas, ya que de allí se deducen las posibilidades de inclusión en el mercado laboral, así como también la brecha que existe entre las personas con dificultad y el resto de la población a la hora de insertarse laboralmente.


De las 4.701.685 personas con discapacidad o limitación permanente (PDLP) de 15 años y más, el 47,7% corresponde a la población económicamente activa (PEA), y de ésta, sólo el 44,6% se encuentra ocupada, aunque la mayoría no tiene contrato formal.


Por otro lado, del total de la población el 15,2% percibe algún tipo de beneficio de jubilación o pensión por parte del Estado nacional, en tanto que este porcentaje asciende al 45,3% para las PDLP, y esta diferencia muestra cierta cobertura de seguridad social pero la verdad es que ese dinero no alcanza para vivir y lo que es peor, estar personas siguen en sus casas sin poder romper la barrera de la exclusión laboral.


Datos oficiales

De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, bajo sus programas se emplearon en todo el país unas dos mil personas en los últimos dos años, una cifra baja en relación con la población especificada anteriormente. Desde la misma oficina, no brindaron datos desagregados de Mendoza.


Ni deduciendo impuestos

Carlos Jordán, director de la oficina de Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, aseveró que “existe falta de conocimiento y miedo por parte de empresarios a contratar y la mayoría de los ‘miedos’ pasan por la accidentología laboral. Pero la verdad es que la siniestralidad del trabajador con discapacidad es ínfima, casi inexistente porque son personas muy cuidadosas de sí mismas, que no se exponen a tareas riesgosas. A la vez, el especialista acotó que subsiste una cultura de discriminación en algunos sectores”.


En la Nación existe un programa que da a cada empleado contratado un pago de $2.300 pesos por un año, y el empresario accede a descuentos impositivos sobre ese personal de hasta el 70%. Otras variantes son los programas de entrenamiento, más cortos, sin cargo para el sector empresario, salvo el pago de una ART. Todos los casos son evaluados previamente por las oficinas de empleo existentes en numerosas ciudades, vinculadas con la Nación, según la capacidad y perfil laboral de la persona.


Compromiso familiar

Alfredo Aguilera es padre de un joven con discapacidad de Dorrego y sostiene que es necesario mayor involucramiento de las familias. “No van a venir a golpearnos la puerta para ofrecernos un trabajo”, advierte. Entiende que el cambio pasa por informar a los empresarios que hay programas que les dan beneficios impositivos, aunque reconoce que existe cierto temor basado en el desconocimiento. “Hay que luchar contra la discriminación, entender que todos tenemos una discapacidad”, sostiene.


Autoempleo, la alternativa

En la Dirección Provincial de Atención Integral a Personas con Discapacidad dicen que la mayoría de las personas que se acercan al organismo tienen las condiciones para generar un autoempleo. El organismo analiza las motivaciones, intereses y posibilidades de cada persona. “No le conseguimos un trabajo, sino que la acompañamos en la tarea de encontrar uno”, dicen desde el organismo./ Orlando Tirapu


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Sin lugar para los ‘débiles’

A pesar de que el Gobierno nacional y entidades no gubernamentales promueven permanentemente programas de inclusión laboral para personas con capacidades diferentes, empresas (grandes, medianas y chicas) locales siguen sin sumar personal incluido en grupos sociales de gran vulnerabilidad. Según pudo confirmar El Ciudadano, en nuestra provincia, el 90% de los afectados no tienen la posibilidad de ingresar al mercado laboral, aún cuando los empleadores cuentan con grandes beneficios impositivos por emplear personas con alguna limitación.

Por otra parte, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de un 60% de las personas con discapacidad en Argentina está en edad de trabajar, sin embargo, esta minoría experimenta un índice de desempleo del 80% a 95% dependiendo la provincia.

De acuerdo a lo expuesto por los especialistas consultados, la barrera mental es señalada como el principal impedimento en la inclusión de personas con discapacidades -mentales, motrices, auditivas, visuales o funcionales (del corazón, pulmones)- en el mundo laboral. Y además, el discapacitado mendocino debe lidiar con un inapropiado sistema público de transporte que no está a la altura de sus circunstancias, lo que también es un elemento que coarta todo tipo de oportunidades laborales, sobre todo, cuando se trata de una limitación motriz.

En el 2010, el INDEC demostró a través del censo que 228.142 mendocinos padecen alguna “dificultad o limitación permanente” para poder trabajar. Así para darnos una idea sobre la dimensión de esta cantidad basta con pensar que es casi el doble de la cantidad de habitantes de la Ciudad de Mendoza (unas 116 mil personas) y supera la población de cada uno de los departamentos, a excepción de Guaymallén, la comuna más poblada, que tiene 283.803 habitantes.

“Las personas que tienen más dificultades para obtener empleo son quienes tienen discapacidad intelectual o psicosocial y el trabajo protegido se presenta como una alternativa, aunque, claramente, sería mejor que el mercado pudiese absorber a trabajadores con estas características”, asegura Verónica González Bonet, titular de la Red de Derechos por las Personas con Discapacidad (Redi).
Otro aspecto importante a la hora de caracterizar a este sector vulnerabilizado por una sociedad injusta es el de sus condiciones económicas, ya que de allí se deducen las posibilidades de inclusión en el mercado laboral, así como también la brecha que existe entre las personas con dificultad y el resto de la población a la hora de insertarse laboralmente.

De las 4.701.685 personas con discapacidad o limitación permanente (PDLP) de 15 años y más, el 47,7% corresponde a la población económicamente activa (PEA), y de ésta, sólo el 44,6% se encuentra ocupada, aunque la mayoría no tiene contrato formal.

Por otro lado, del total de la población el 15,2% percibe algún tipo de beneficio de jubilación o pensión por parte del Estado nacional, en tanto que este porcentaje asciende al 45,3% para las PDLP, y esta diferencia muestra cierta cobertura de seguridad social pero la verdad es que ese dinero no alcanza para vivir y lo que es peor, estar personas siguen en sus casas sin poder romper la barrera de la exclusión laboral.

Datos oficiales
De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, bajo sus programas se emplearon en todo el país unas dos mil personas en los últimos dos años, una cifra baja en relación con la población especificada anteriormente. Desde la misma oficina, no brindaron datos desagregados de Mendoza.

Ni deduciendo impuestos
Carlos Jordán, director de la oficina de Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, aseveró que “existe falta de conocimiento y miedo por parte de empresarios a contratar y la mayoría de los ‘miedos’ pasan por la accidentología laboral. Pero la verdad es que la siniestralidad del trabajador con discapacidad es ínfima, casi inexistente porque son personas muy cuidadosas de sí mismas, que no se exponen a tareas riesgosas. A la vez, el especialista acotó que subsiste una cultura de discriminación en algunos sectores”.

En la Nación existe un programa que da a cada empleado contratado un pago de $2.300 pesos por un año, y el empresario accede a descuentos impositivos sobre ese personal de hasta el 70%. Otras variantes son los programas de entrenamiento, más cortos, sin cargo para el sector empresario, salvo el pago de una ART. Todos los casos son evaluados previamente por las oficinas de empleo existentes en numerosas ciudades, vinculadas con la Nación, según la capacidad y perfil laboral de la persona.

Compromiso familiar
Alfredo Aguilera es padre de un joven con discapacidad de Dorrego y sostiene que es necesario mayor involucramiento de las familias. “No van a venir a golpearnos la puerta para ofrecernos un trabajo”, advierte. Entiende que el cambio pasa por informar a los empresarios que hay programas que les dan beneficios impositivos, aunque reconoce que existe cierto temor basado en el desconocimiento. “Hay que luchar contra la discriminación, entender que todos tenemos una discapacidad”, sostiene.

Autoempleo, la alternativa
En la Dirección Provincial de Atención Integral a Personas con Discapacidad dicen que la mayoría de las personas que se acercan al organismo tienen las condiciones para generar un autoempleo. El organismo analiza las motivaciones, intereses y posibilidades de cada persona. “No le conseguimos un trabajo, sino que la acompañamos en la tarea de encontrar uno”, dicen desde el organismo./ Orlando Tirapu

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