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Sigue la polémica por la ley de abastecimiento
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Por Redacción

Sigue la polémica por la ley de abastecimiento



El Gobierno los empresarios siguen cruzando opiniones a favor y en contra del proyecto de ley de abastecimiento, con el que el Estado busca regular el mercado doméstico. “Los usuarios y consumidores tienen que tener protección”, dijo la presidenta Cristina Fernández, en el acto realizado ayer en la Casa Rosada donde anunció un plan para la construcción de viviendas en todo el país. La mandataria dijo que este es un proyecto que se debatirá en el Parlamento y no un “bando que se impone” y señaló que los empresarios tendrán la oportunidad de exponer sus puntos de vista.

En rueda de prensa, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, subrayó la importancia de la iniciativa que impulsa el oficialismo y negó que con ella el Gobierno pretenda “sustituir a la empresa, sino evitar distorsiones en la cadena de intermediación”. Capitanich acusó a las asociaciones empresariales e industriales que critican la iniciativa de ser portavoces de los “grupos monopólicos económicos concentrados” y reclamó más “visibilidad” para la posición de las pymes y de las asociaciones de consumidores respecto de este proyecto.

El jefe de Gabinete destacó la inclusión en el proyecto de “instancias administrativas de resolución rápida de conflictos” y un “observatorio de precios” y señaló que el contenido de la iniciativa se está debatiendo en el Congreso así como en foros en la Universidad de Buenos Aires y en las provincias.

En rechazo al proyecto, la Unión Industria Argentina (UIA), la mayor patronal del país, emitió hoy un comunicado en el que aseguró que la iniciativa “representa una fuerte interferencia del Estado en la actividad privada”.

“La potestad de imponer precios máximos, márgenes de utilidad, incluso la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional, repercutirán muy negativamente en los niveles de inversión y empleo, agravando el delicado contexto productivo que vive el país”, advirtió la UIA.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) manifestó en un comunicado su “preocupación” por la iniciativa que, aseguró, incluye “mecanismos de control y de poder administrativo discrecional”. “El rol que le corresponde al Estado es promover la competencia y no anularla con mecanismos intervencionistas”, sostuvo la CAC.

En tanto, la Cámara Argentina de la Construcción criticó que la nueva versión de la norma prevé sanciones para “quienes obtuvieren ganancias abusivas” y que sea “la autoridad de aplicación la encargada de definir qué rédito es abusivo y cuál no”.

Por su parte, la Federación Agraria Argentina expresó en un comunicado su “honda preocupación por el intento del Gobierno de impulsar una nueva ley de abastecimiento, “tras el argumento de defender a los usuarios y consumidores”.

“Esta iniciativa es un paso más en la ya fracasada intervención distorsiva del Estado kirchnerista”, advirtió la patronal agropecuaria.


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El Gobierno los empresarios siguen cruzando opiniones a favor y en contra del proyecto de ley de abastecimiento, con el que el Estado busca regular el mercado doméstico. “Los usuarios y consumidores tienen que tener protección”, dijo la presidenta Cristina Fernández, en el acto realizado ayer en la Casa Rosada donde anunció un plan para la construcción de viviendas en todo el país. La mandataria dijo que este es un proyecto que se debatirá en el Parlamento y no un “bando que se impone” y señaló que los empresarios tendrán la oportunidad de exponer sus puntos de vista.
En rueda de prensa, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, subrayó la importancia de la iniciativa que impulsa el oficialismo y negó que con ella el Gobierno pretenda “sustituir a la empresa, sino evitar distorsiones en la cadena de intermediación”. Capitanich acusó a las asociaciones empresariales e industriales que critican la iniciativa de ser portavoces de los “grupos monopólicos económicos concentrados” y reclamó más “visibilidad” para la posición de las pymes y de las asociaciones de consumidores respecto de este proyecto.
El jefe de Gabinete destacó la inclusión en el proyecto de “instancias administrativas de resolución rápida de conflictos” y un “observatorio de precios” y señaló que el contenido de la iniciativa se está debatiendo en el Congreso así como en foros en la Universidad de Buenos Aires y en las provincias.
En rechazo al proyecto, la Unión Industria Argentina (UIA), la mayor patronal del país, emitió hoy un comunicado en el que aseguró que la iniciativa “representa una fuerte interferencia del Estado en la actividad privada”.
“La potestad de imponer precios máximos, márgenes de utilidad, incluso la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional, repercutirán muy negativamente en los niveles de inversión y empleo, agravando el delicado contexto productivo que vive el país”, advirtió la UIA.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) manifestó en un comunicado su “preocupación” por la iniciativa que, aseguró, incluye “mecanismos de control y de poder administrativo discrecional”. “El rol que le corresponde al Estado es promover la competencia y no anularla con mecanismos intervencionistas”, sostuvo la CAC.
En tanto, la Cámara Argentina de la Construcción criticó que la nueva versión de la norma prevé sanciones para “quienes obtuvieren ganancias abusivas” y que sea “la autoridad de aplicación la encargada de definir qué rédito es abusivo y cuál no”.
Por su parte, la Federación Agraria Argentina expresó en un comunicado su “honda preocupación por el intento del Gobierno de impulsar una nueva ley de abastecimiento, “tras el argumento de defender a los usuarios y consumidores”.
“Esta iniciativa es un paso más en la ya fracasada intervención distorsiva del Estado kirchnerista”, advirtió la patronal agropecuaria.

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