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Por Redacción

Rousseff lanza un paquete de medidas anticorrupción



Bajo la presión de multitudinarias protestas y con su popularidad por los suelos, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha enviado al Congreso el prometido paquete de medidas anticorrupción. “Los brasileños, incluso los que no me votaron, saben que la corrupción no es un fenómeno nuevo”, ha afirmado Rousseff, quien acababa de conocer la noticia de la caída de su popularidad del 23% al 13%, 10 puntos menos en el último mes y casi 30 menos desde que comenzó su segundo mandato de gobierno hace apenas tres meses.


Las medidas propuestas por Rousseff incluyen un proyecto de ley que penaliza el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas (hasta ahora se consideraba solo una falta castigada con una infracción administrativa). Se aumentan las penas por el lavado de dinero en campañas electorales. Se agiliza la confiscación de bienes de personas condenadas por corrupción. Se abrirá una investigación contra los empleados públicos en todos los casos en los que sus bienes declarados no sean acordes con su nivel de ingresos. Estos podrían ser castigados con entre tres y ocho años de prisión.


También se considera que la actividad de los partidos políticos sea vigilada y se penarán actividades como poner trabas a la fiscalización de actividades u omitir informaciones para ocultar el origen de ciertos recursos o en la presentación de cuentas.


Rousseff también firmó el decreto que sanciona a las empresas privadas envueltas en casos de corrupción, lo que estimula la adopción de códigos de ética y buena conducta y de directrices para detectar desvíos e irregularidades contra la administración pública.


Las penas se extenderán también a los donantes que no actúen con transparencia y para los que se prevén multas que multiplicarán por cinco o diez los valores donados y no declarados.


Rousseff trató de explicar que la corrupción no era sólo un problema de su Gobierno, ni de su Partido de los Trabajadores (PT), ni apenas brasileño, y repitió frases de su campaña, en las que defendía que los escándalos ahora salen a la luz. “Somos un Gobierno que no tranza con la corrupción”, afirmó la mandataria.



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Bajo la presión de multitudinarias protestas y con su popularidad por los suelos, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha enviado al Congreso el prometido paquete de medidas anticorrupción. “Los brasileños, incluso los que no me votaron, saben que la corrupción no es un fenómeno nuevo”, ha afirmado Rousseff, quien acababa de conocer la noticia de la caída de su popularidad del 23% al 13%, 10 puntos menos en el último mes y casi 30 menos desde que comenzó su segundo mandato de gobierno hace apenas tres meses.

Las medidas propuestas por Rousseff incluyen un proyecto de ley que penaliza el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas (hasta ahora se consideraba solo una falta castigada con una infracción administrativa). Se aumentan las penas por el lavado de dinero en campañas electorales. Se agiliza la confiscación de bienes de personas condenadas por corrupción. Se abrirá una investigación contra los empleados públicos en todos los casos en los que sus bienes declarados no sean acordes con su nivel de ingresos. Estos podrían ser castigados con entre tres y ocho años de prisión.

También se considera que la actividad de los partidos políticos sea vigilada y se penarán actividades como poner trabas a la fiscalización de actividades u omitir informaciones para ocultar el origen de ciertos recursos o en la presentación de cuentas.

Rousseff también firmó el decreto que sanciona a las empresas privadas envueltas en casos de corrupción, lo que estimula la adopción de códigos de ética y buena conducta y de directrices para detectar desvíos e irregularidades contra la administración pública.

Las penas se extenderán también a los donantes que no actúen con transparencia y para los que se prevén multas que multiplicarán por cinco o diez los valores donados y no declarados.

Rousseff trató de explicar que la corrupción no era sólo un problema de su Gobierno, ni de su Partido de los Trabajadores (PT), ni apenas brasileño, y repitió frases de su campaña, en las que defendía que los escándalos ahora salen a la luz. “Somos un Gobierno que no tranza con la corrupción”, afirmó la mandataria.

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