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Radicales mendocinos piden reglamentar una ley
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Por Redacción

Radicales mendocinos piden reglamentar una ley



Con motivo de conmemorarse este domingo el Día de la Mujer, los senadores provinciales Claudia Najul y Juan Carlos Jaliff recordaron que el Poder Ejecutivo aún no reglamenta y aplica la Ley 7.841, modificada por la Ley 8.495 sobre un sistema de asistencias públicas en beneficio de víctimas directas e indirectas de delitos violentos y contra la integridad sexual y el fondo de compensación del sistema.


Al respecto ambos legisladores han presentado un proyecto para que se concrete, en los siguientes términos: “La Ley 7.841, sancionada en el año 2008, en su artículo 20 establece que debía ser reglamentada en el plazo de ciento veinte días corridos contados a partir de su promulgación y que entraría en vigencia junto al decreto reglamentario. En octubre de 2011 la Suprema Corte de Mendoza determinó la constitucionalidad de dicha ley y solicitó al Ejecutivo, a través del fallo, que reglamente la citada norma a fin de que se efectivice la asistencia a las víctimas de delitos graves. A su vez el Máximo Tribunal expresó que la ley podrá aplicarse sólo si media la reglamentación pertinente para que esta resulte operativa y pueda contemplarse en el Presupuesto los gastos de su implementación”.


“La importancia de la norma está fundada en el principio de solidaridad social, colaborando en especial de manera equitativa con las clases sociales con menos recursos económicos que afrontan desigualdad de oportunidades al momento de afrontar las consecuencias de este tipo de delitos, tanto físicas, psicológicas como económicas”, remarcaron los legisladores radicales.


“El Gobierno se resiste a aplicar la ley, mientras que la Suprema Corte resolvió su constitucionalidad y le exigió que la reglamente para su inmediata implementación y garantizar una contención del Estado a las víctimas que hoy en un gran número se encuentran desamparadas”, recordaron Jaliff y Najul


“Esta ley tan importante se basa en el principio de solidaridad social, donde como sociedad es necesario colaborar de manera equitativa con los sectores con menos recursos económicos que afrontan desigualdad de oportunidades al momento de afrontar las consecuencias de este tipo de delitos, tanto físicas, psicológicas como económicas y laborales”.


“Las víctimas ya no pueden seguir esperando. Y mientras la inseguridad y el delito sigan siendo un flagelo constante en el día a día, el Estado tiene que hacerse responsable y decir presente”, remarcó Najul.


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Con motivo de conmemorarse este domingo el Día de la Mujer, los senadores provinciales Claudia Najul y Juan Carlos Jaliff recordaron que el Poder Ejecutivo aún no reglamenta y aplica la Ley 7.841, modificada por la Ley 8.495 sobre un sistema de asistencias públicas en beneficio de víctimas directas e indirectas de delitos violentos y contra la integridad sexual y el fondo de compensación del sistema.

Al respecto ambos legisladores han presentado un proyecto para que se concrete, en los siguientes términos: “La Ley 7.841, sancionada en el año 2008, en su artículo 20 establece que debía ser reglamentada en el plazo de ciento veinte días corridos contados a partir de su promulgación y que entraría en vigencia junto al decreto reglamentario. En octubre de 2011 la Suprema Corte de Mendoza determinó la constitucionalidad de dicha ley y solicitó al Ejecutivo, a través del fallo, que reglamente la citada norma a fin de que se efectivice la asistencia a las víctimas de delitos graves. A su vez el Máximo Tribunal expresó que la ley podrá aplicarse sólo si media la reglamentación pertinente para que esta resulte operativa y pueda contemplarse en el Presupuesto los gastos de su implementación”.

“La importancia de la norma está fundada en el principio de solidaridad social, colaborando en especial de manera equitativa con las clases sociales con menos recursos económicos que afrontan desigualdad de oportunidades al momento de afrontar las consecuencias de este tipo de delitos, tanto físicas, psicológicas como económicas”, remarcaron los legisladores radicales.

“El Gobierno se resiste a aplicar la ley, mientras que la Suprema Corte resolvió su constitucionalidad y le exigió que la reglamente para su inmediata implementación y garantizar una contención del Estado a las víctimas que hoy en un gran número se encuentran desamparadas”, recordaron Jaliff y Najul

“Esta ley tan importante se basa en el principio de solidaridad social, donde como sociedad es necesario colaborar de manera equitativa con los sectores con menos recursos económicos que afrontan desigualdad de oportunidades al momento de afrontar las consecuencias de este tipo de delitos, tanto físicas, psicológicas como económicas y laborales”.

“Las víctimas ya no pueden seguir esperando. Y mientras la inseguridad y el delito sigan siendo un flagelo constante en el día a día, el Estado tiene que hacerse responsable y decir presente”, remarcó Najul.

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