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Proyecto de la UCR
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Por Redacción

Proyecto de la UCR



El senador radical Raúl Ferrer, junto con Juan Carlos Jaliff y Laura Montero, presentaron un proyecto de ley que tiene como finalidad regir la responsabilidad de los Estados provincial y municipal por los daños que su acción u omisión cause a los bienes o derechos de las personas. En la presentación, los legisladores consideran que luego de la sanción de la Ley Nacional 26.944, denominada de Responsabilidad Estatal, que entró en vigencia el pasado 8 de agosto, se presenta la necesidad de dictar una norma local que regule la Responsabilidad del Estado Provincial, a fin de otorgar seguridad jurídica y garantía de derechos al mismo y a los particulares, por los daños y perjuicios que causen su acción u omisión.


Además, señalan que la Ley Nacional 26.944 veda definitivamente el camino del derecho civil cuando un particular quiera demandar al Estado o a sus funcionarios por algún daño percibido, sea éste lícito o ilícito, además de proponer que la responsabilidad del Estado debe regirse por las normas del derecho administrativo de cada provincia o municipio.


Ferrer señaló al respecto: “La propuesta que hacemos reconoce el carácter local del derecho administrativo y las potestades reservadas por las Provincias, conforme el alcance de las atribuciones que se han reservado las mismas conforme prevé el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional”.


La iniciativa vuelca en el articulado la jurisprudencia más consolidada de la Suprema Corte de Justicia Nacional y las normas supra referidas, para desarrollar una ley que contenga las normas y principios que regulan la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños que su acción u omisión, lícita o ilícita, cause a los bienes o derechos de las personas y que consagra expresamente que dicha responsabilidad es objetiva y directa, tal cual ha sido consagrado en el artículo 1° de la norma. En esta línea se prevé expresamente que las disposiciones del Código Civil se aplican analógicamente en los casos no previstos por la norma.


Asimismo, se establecen los presupuestos de responsabilidad y sus eximentes para cada uno de estos casos, diferenciándose los mismos, a los efectos de satisfacer del modo más justo posible el daño sufrido por las víctimas.


“Adherimos a la tesis tradicional que consolida la eximente de responsabilidad basada en la causa ajena, desarrollada en el artículo 2° como caso fortuito, fuerza mayor o culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no se deba responder” apuntó el senador Ferrer.


También se establece cuáles son los requisitos de la responsabilidad del estado por acción u omisión ilegitima, que no son otros que los que la Suprema Corte de Justicia ha reconocido en profusa jurisprudencia, especialmente en el precedente “Zacarias” .


“Aunque la responsabilidad estatal por actividad legitima tiene fuente constitucional,  entendemos que la consolidación jurisprudencial existente puede plasmarse normativamente y así contribuir a dar seguridad jurídica y a asegurar el principio de igualdad ante la ley de todos los habitantes, lo cual ha sido receptado en el artículo cuarto”, sentenció el legislador radical, uno de los autores del proyecto de ley.


En materia de responsabilidad por actividad legítima la cuestión más debatida es la relativa a la extensión de la reparación, y Ferrer indicó que en este sentido “Hemos optado por proponer la solución que dio la comisión de juristas en la redacción del anteproyecto original, limitando por principio la indemnización al daño directo y solo excepcionalmente al lucro cesante”.


Se recalca que existe una diferenciación sustancial con la ley nacional, que radica en atribuir responsabilidad al Estado cuando el daño lo causen sus contratistas o concesionarios al entender que el estado delega una función pero no su responsabilidad, como así también por actividad judicial legítima, respetando así la doctrina y jurisprudencia nacional más reciente. Además se propone la regulación uniforme de la responsabilidad del estado por las acciones y omisiones de sus funcionarios, con el debido reconocimiento del reintegro entre los mismos.


Por último, en materia de responsabilidad contractual, el artículo diez del proyecto entiende que el Estado debe responder conforme los convenido entre las partes, previendo la aplicación del Código Civil en forma analógica en caso de ausencia de normas.


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El senador radical Raúl Ferrer, junto con Juan Carlos Jaliff y Laura Montero, presentaron un proyecto de ley que tiene como finalidad regir la responsabilidad de los Estados provincial y municipal por los daños que su acción u omisión cause a los bienes o derechos de las personas. En la presentación, los legisladores consideran que luego de la sanción de la Ley Nacional 26.944, denominada de Responsabilidad Estatal, que entró en vigencia el pasado 8 de agosto, se presenta la necesidad de dictar una norma local que regule la Responsabilidad del Estado Provincial, a fin de otorgar seguridad jurídica y garantía de derechos al mismo y a los particulares, por los daños y perjuicios que causen su acción u omisión.

Además, señalan que la Ley Nacional 26.944 veda definitivamente el camino del derecho civil cuando un particular quiera demandar al Estado o a sus funcionarios por algún daño percibido, sea éste lícito o ilícito, además de proponer que la responsabilidad del Estado debe regirse por las normas del derecho administrativo de cada provincia o municipio.

Ferrer señaló al respecto: “La propuesta que hacemos reconoce el carácter local del derecho administrativo y las potestades reservadas por las Provincias, conforme el alcance de las atribuciones que se han reservado las mismas conforme prevé el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional”.

La iniciativa vuelca en el articulado la jurisprudencia más consolidada de la Suprema Corte de Justicia Nacional y las normas supra referidas, para desarrollar una ley que contenga las normas y principios que regulan la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños que su acción u omisión, lícita o ilícita, cause a los bienes o derechos de las personas y que consagra expresamente que dicha responsabilidad es objetiva y directa, tal cual ha sido consagrado en el artículo 1° de la norma. En esta línea se prevé expresamente que las disposiciones del Código Civil se aplican analógicamente en los casos no previstos por la norma.

Asimismo, se establecen los presupuestos de responsabilidad y sus eximentes para cada uno de estos casos, diferenciándose los mismos, a los efectos de satisfacer del modo más justo posible el daño sufrido por las víctimas.

“Adherimos a la tesis tradicional que consolida la eximente de responsabilidad basada en la causa ajena, desarrollada en el artículo 2° como caso fortuito, fuerza mayor o culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no se deba responder” apuntó el senador Ferrer.

También se establece cuáles son los requisitos de la responsabilidad del estado por acción u omisión ilegitima, que no son otros que los que la Suprema Corte de Justicia ha reconocido en profusa jurisprudencia, especialmente en el precedente “Zacarias” .

“Aunque la responsabilidad estatal por actividad legitima tiene fuente constitucional,  entendemos que la consolidación jurisprudencial existente puede plasmarse normativamente y así contribuir a dar seguridad jurídica y a asegurar el principio de igualdad ante la ley de todos los habitantes, lo cual ha sido receptado en el artículo cuarto”, sentenció el legislador radical, uno de los autores del proyecto de ley.

En materia de responsabilidad por actividad legítima la cuestión más debatida es la relativa a la extensión de la reparación, y Ferrer indicó que en este sentido “Hemos optado por proponer la solución que dio la comisión de juristas en la redacción del anteproyecto original, limitando por principio la indemnización al daño directo y solo excepcionalmente al lucro cesante”.

Se recalca que existe una diferenciación sustancial con la ley nacional, que radica en atribuir responsabilidad al Estado cuando el daño lo causen sus contratistas o concesionarios al entender que el estado delega una función pero no su responsabilidad, como así también por actividad judicial legítima, respetando así la doctrina y jurisprudencia nacional más reciente. Además se propone la regulación uniforme de la responsabilidad del estado por las acciones y omisiones de sus funcionarios, con el debido reconocimiento del reintegro entre los mismos.

Por último, en materia de responsabilidad contractual, el artículo diez del proyecto entiende que el Estado debe responder conforme los convenido entre las partes, previendo la aplicación del Código Civil en forma analógica en caso de ausencia de normas.

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