Presupuesto 2017: El Estado es la clave
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Por Redacción

Presupuesto 2017: El Estado es la clave



La gestión de Alfredo Cornejo está en un momento clave, signado por el trámite legislativo de su primer proyecto de presupuesto, que no parece atravesar aguas calmas. Allende esas aguas, hay elementos que permiten vislumbrar el proyecto de edificación de la provincia cornejista, a la luz de lo que se desprende de esa ley fundamental.


Lo primero a considerar es que, más allá de tener que lidiar con pesadas cargas heredadas –en este caso es estrictamente real, las cuentas públicas que dejó el FPV distan mucho del orden- no parece un presupuesto netamente de ajuste, de retirada del Estado y achique del sector público, como vociferan algunos sectores bastante atomizados por cierto.


Una de las claves es el endeudamiento. Con 23.183 millones de pesos en el meridiano de este año –instante en que terminaba el primer semestre y entrábamos en el paraíso prometido- el pedido para 2017 es incrementarlo en casi 4.000 millones más, y la legislatura es la encargada de autorizarlo. El gobernador cuenta para esto con el favor que puedan hacerle los intendentes presionando a sus legisladores, pues los departamentos necesitan el dinero de la provincia y las obras de infraestructura con urgencia, y esa es una trama que el mandatario tejió desde su primer día de gestión.


La explicación oficial es que el endeudamiento fue para pagar la “fiesta” de sus antecesores, y la deuda flotante con que se financió Pérez, a intereses siderales. Cornejo asumió con 15 mil millones de deuda consolidada y en el primer semestre de este año se incrementó en 8.593 millones de pesos, para llegar a los 23.183 millones señalados. Ese incremento de la deuda incluyó los bonos emitidos, una primera tanda por 1000 millones y la segunda por 565, que cubrieron la deuda flotante paquista, especialmente con proveedores del Estado.


Martín Kerchner señaló en la casa de las leyes que el déficit operativo esperado es de 575 millones, con lo cual el endeudamiento razonable sería alrededor de esa cifra; entonces la explicación para el pedido de casi 4.000 está en la necesidad de obras públicas. Ahí hay una clave interesante. El gobierno apuesta a una recuperación económica, a movilizar la economía y generar empleo a partir de la recuperación de la infraestructura dañada y construcción de nuevas obras. La desconfianza en los motores privados es palpable, luego de que la seducción oficial a empresarios cosechara pocos frutos tangibles más allá de devaneos, mini Davos, rondas de negocios y la mar en coche. Frente a las dudas y renuencias de los dueños del capital, el gobierno trata de tomar en lo posible el toro por las astas. En la Mendoza rediseñada hasta ahora el Estado es el principal actor, echando por tierra los tildes de neoliberales que repiten como cantilena los nostálgicos de la década afanada.


Por otra parte, la austeridad y el control propuestos casi obsesivamente parecen tener frutos. El Estado provincial tuvo un superávit operativo en el primer semestre –según la propia web de Hacienda- de 1.700 millones. Uno de los ahorros vino del célebre ítem aula. Según Educación, de 3000 docentes en “funciones especiales”, el número se redujo a algo más de 300, un 10% de los trabajadores volvieron a sus aulas, refunfuñando, pero dejando en claro el tremendo abuso del que el Estado era cómplice. Prometen que parte de los gastos de 2017 serán para reparar 700 escuelas, agrandar otras y construir nuevas. Se calcula que un edificio par 600 chicos cuesta 23 millones (con lo que se gastó en convertir el Correo Central en el CCK se hubieran podido construir 110).


En cuanto a las obras, el total presupuestado para 2017 es de 4770 millones (gran parte a financiarse con el endeudamiento pedido), de los cuales $2.798 millones corresponden a la continuidad de obras ya empezadas y otros $1.972 millones a nuevos ítems. Viviendas es el principal rubro, pautando entregar 2.500 casas el año entrante (cerca de la elección de medio término.


En otras áreas, como fomento al desarrollo, las partidas son menores: 125 millones para los seguros antigranizo, 64 a la producción ganadera, que se está haciendo fuerte en el sur provincial, y descuentos impositivos previstos para algunas áreas que se pretende incentivar. Habrá reducciones del 0 al 25% de las alícuotas a los Ingresos Brutos para 100 actividades económicas, y se mantiene la tasa cero para la actividad primaria. Empresarios que desarrollen proyectos estratégicos tendrán un crédito fiscal sobre Ingresos Brutos.


Será un 2017 difícil, no quedan dudas. Al orden y austeridad que viene como marca en el orillo de Cornejo, se suma la casi certeza de que las prometidas inversiones aún se demorarán. Y parece que el Estado tomará el toro por las astas. De neoliberales nada.


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La gestión de Alfredo Cornejo está en un momento clave, signado por el trámite legislativo de su primer proyecto de presupuesto, que no parece atravesar aguas calmas. Allende esas aguas, hay elementos que permiten vislumbrar el proyecto de edificación de la provincia cornejista, a la luz de lo que se desprende de esa ley fundamental.

Lo primero a considerar es que, más allá de tener que lidiar con pesadas cargas heredadas –en este caso es estrictamente real, las cuentas públicas que dejó el FPV distan mucho del orden- no parece un presupuesto netamente de ajuste, de retirada del Estado y achique del sector público, como vociferan algunos sectores bastante atomizados por cierto.

Una de las claves es el endeudamiento. Con 23.183 millones de pesos en el meridiano de este año –instante en que terminaba el primer semestre y entrábamos en el paraíso prometido- el pedido para 2017 es incrementarlo en casi 4.000 millones más, y la legislatura es la encargada de autorizarlo. El gobernador cuenta para esto con el favor que puedan hacerle los intendentes presionando a sus legisladores, pues los departamentos necesitan el dinero de la provincia y las obras de infraestructura con urgencia, y esa es una trama que el mandatario tejió desde su primer día de gestión.

La explicación oficial es que el endeudamiento fue para pagar la “fiesta” de sus antecesores, y la deuda flotante con que se financió Pérez, a intereses siderales. Cornejo asumió con 15 mil millones de deuda consolidada y en el primer semestre de este año se incrementó en 8.593 millones de pesos, para llegar a los 23.183 millones señalados. Ese incremento de la deuda incluyó los bonos emitidos, una primera tanda por 1000 millones y la segunda por 565, que cubrieron la deuda flotante paquista, especialmente con proveedores del Estado.

Martín Kerchner señaló en la casa de las leyes que el déficit operativo esperado es de 575 millones, con lo cual el endeudamiento razonable sería alrededor de esa cifra; entonces la explicación para el pedido de casi 4.000 está en la necesidad de obras públicas. Ahí hay una clave interesante. El gobierno apuesta a una recuperación económica, a movilizar la economía y generar empleo a partir de la recuperación de la infraestructura dañada y construcción de nuevas obras. La desconfianza en los motores privados es palpable, luego de que la seducción oficial a empresarios cosechara pocos frutos tangibles más allá de devaneos, mini Davos, rondas de negocios y la mar en coche. Frente a las dudas y renuencias de los dueños del capital, el gobierno trata de tomar en lo posible el toro por las astas. En la Mendoza rediseñada hasta ahora el Estado es el principal actor, echando por tierra los tildes de neoliberales que repiten como cantilena los nostálgicos de la década afanada.

Por otra parte, la austeridad y el control propuestos casi obsesivamente parecen tener frutos. El Estado provincial tuvo un superávit operativo en el primer semestre –según la propia web de Hacienda- de 1.700 millones. Uno de los ahorros vino del célebre ítem aula. Según Educación, de 3000 docentes en “funciones especiales”, el número se redujo a algo más de 300, un 10% de los trabajadores volvieron a sus aulas, refunfuñando, pero dejando en claro el tremendo abuso del que el Estado era cómplice. Prometen que parte de los gastos de 2017 serán para reparar 700 escuelas, agrandar otras y construir nuevas. Se calcula que un edificio par 600 chicos cuesta 23 millones (con lo que se gastó en convertir el Correo Central en el CCK se hubieran podido construir 110).

En cuanto a las obras, el total presupuestado para 2017 es de 4770 millones (gran parte a financiarse con el endeudamiento pedido), de los cuales $2.798 millones corresponden a la continuidad de obras ya empezadas y otros $1.972 millones a nuevos ítems. Viviendas es el principal rubro, pautando entregar 2.500 casas el año entrante (cerca de la elección de medio término.

En otras áreas, como fomento al desarrollo, las partidas son menores: 125 millones para los seguros antigranizo, 64 a la producción ganadera, que se está haciendo fuerte en el sur provincial, y descuentos impositivos previstos para algunas áreas que se pretende incentivar. Habrá reducciones del 0 al 25% de las alícuotas a los Ingresos Brutos para 100 actividades económicas, y se mantiene la tasa cero para la actividad primaria. Empresarios que desarrollen proyectos estratégicos tendrán un crédito fiscal sobre Ingresos Brutos.

Será un 2017 difícil, no quedan dudas. Al orden y austeridad que viene como marca en el orillo de Cornejo, se suma la casi certeza de que las prometidas inversiones aún se demorarán. Y parece que el Estado tomará el toro por las astas. De neoliberales nada.

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