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Pareja de Oyarbide, involucrada en presuntos sobornos
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Por Redacción

Pareja de Oyarbide, involucrada en presuntos sobornos



Los escándalos que tuvieron como protagonista al juez federal Norberto Oyarbide exceden su figura y abarcan a su entorno: ahora su pareja quedó involucrada en una investigación que pesa sobre el magistrado por el allanamiento a una financiera, en el que se sospecha que pudo haber existido un pedido de sobornos. El allanamiento del 19 de diciembre de 2013 es una caja de sorpresas y sus repercusiones imprevistas: una investigación sobre casi toda una brigada de Policía Federal y el propio Oyarbide, a raíz de un supuesto pedido de coimas; otra causa contra el segundo de la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, por un llamado que derivó en la suspensión de ese operativo; y la reapertura de una causa penal contra este funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.


Pero a medida que las causas avanzan (se tramitan por separado pero indefectiblemente están vinculadas), aparecen más datos y nuevas personas quedan involucradas: en esta oportunidad la pareja del juez, Claudio Blanco. La novedad fue introducida por uno de los policías bajo sospecha, Fabio Ascona, quien formó parte de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc), que ese día allanó la financiera Propyme, de Guillermo Greppi, quien denunció que los efectivos le exigieron -invocando la figura del juez Oyarbide- unos 2,5 millones de pesos a cambio de frenar el operativo.


Ascona, junto a otros policías bajo la mira, recusaron días atrás al juez que investiga todas esas causas, Luis Rodríguez, y ahora el policía aportó detalles de un contacto telefónico que le proporcionaron en el Juzgado de Oyarbide el día del operativo y que sería de Blanco. Según señaló Ascona, previo a realizar el operativo en Propyme, el secretario del juez, Carlos Leiva, le proporcionó un contacto telefónico de celular para comunicarse ante cualquier novedad en el allanamiento.


El policía aseguró que se contactó a ese número en dos ocasiones y lo agregó a su agenda: en la primera, una persona le dijo que el juez Oyarbide no podía atender la llamada, y en la segunda no contestó nadie. Del perfil de whatsapp que surgía de ese número aparecía la foto de Blanco, la pareja de Oyarbide, aseguró el efectivo. A raíz de lo señalado por Ascona, el juez Rodríguez libró oficios para conocer cuál es la empresa prestataria del contacto que aportó el policía y se prevé que luego realice un entrecruzamiento telefónico.


En la investigación se intentan determinar los cruces telefónicos en torno a ese allanamiento, en el que habría habido un pedido extorsivo de dinero, pero también el detalle de cómo Liuzzi habría tomado contacto con el juez poniéndolo en conocimiento sobre el supuesto pedido de coimas que habían hecho los policías en su nombre, y que derivó en que suspendiera el operativo. Es que sobre el contacto que habrían tenido Oyarbide y Liuzzi (la defensa de los policías informó que entre ellos hubo cruces telefónicos en la mañana en que se allanó Propyme) se sospecha que se hicieron con los teléfonos que utilizan los custodios del juez.


El juez Rodríguez ordenó conocer las llamadas entrantes y salientes de dos custodios que estuvieron con Oyarbide esas horas, y no se descarta que sean citados a declarar en la causa. Por otra parte, Rodríguez sumó a su cargo una nueva causa contra Liuzzi que estaba previamente en poder de su par Julián Ercolini, luego que ésta se excusara, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública. Es por contrataciones que hubieron desde la Secretaría de Legal y Técnica a la consultora Administradora de Conocimientos (ADCONSA), la cual se sospecha que está relacionada Liuzzi.


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Pareja de Oyarbide, involucrada en presuntos sobornos

Los escándalos que tuvieron como protagonista al juez federal Norberto Oyarbide exceden su figura y abarcan a su entorno: ahora su pareja quedó involucrada en una investigación que pesa sobre el magistrado por el allanamiento a una financiera, en el que se sospecha que pudo haber existido un pedido de sobornos. El allanamiento del 19 de diciembre de 2013 es una caja de sorpresas y sus repercusiones imprevistas: una investigación sobre casi toda una brigada de Policía Federal y el propio Oyarbide, a raíz de un supuesto pedido de coimas; otra causa contra el segundo de la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, por un llamado que derivó en la suspensión de ese operativo; y la reapertura de una causa penal contra este funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Pero a medida que las causas avanzan (se tramitan por separado pero indefectiblemente están vinculadas), aparecen más datos y nuevas personas quedan involucradas: en esta oportunidad la pareja del juez, Claudio Blanco. La novedad fue introducida por uno de los policías bajo sospecha, Fabio Ascona, quien formó parte de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc), que ese día allanó la financiera Propyme, de Guillermo Greppi, quien denunció que los efectivos le exigieron -invocando la figura del juez Oyarbide- unos 2,5 millones de pesos a cambio de frenar el operativo.

Ascona, junto a otros policías bajo la mira, recusaron días atrás al juez que investiga todas esas causas, Luis Rodríguez, y ahora el policía aportó detalles de un contacto telefónico que le proporcionaron en el Juzgado de Oyarbide el día del operativo y que sería de Blanco. Según señaló Ascona, previo a realizar el operativo en Propyme, el secretario del juez, Carlos Leiva, le proporcionó un contacto telefónico de celular para comunicarse ante cualquier novedad en el allanamiento.

El policía aseguró que se contactó a ese número en dos ocasiones y lo agregó a su agenda: en la primera, una persona le dijo que el juez Oyarbide no podía atender la llamada, y en la segunda no contestó nadie. Del perfil de whatsapp que surgía de ese número aparecía la foto de Blanco, la pareja de Oyarbide, aseguró el efectivo. A raíz de lo señalado por Ascona, el juez Rodríguez libró oficios para conocer cuál es la empresa prestataria del contacto que aportó el policía y se prevé que luego realice un entrecruzamiento telefónico.

En la investigación se intentan determinar los cruces telefónicos en torno a ese allanamiento, en el que habría habido un pedido extorsivo de dinero, pero también el detalle de cómo Liuzzi habría tomado contacto con el juez poniéndolo en conocimiento sobre el supuesto pedido de coimas que habían hecho los policías en su nombre, y que derivó en que suspendiera el operativo. Es que sobre el contacto que habrían tenido Oyarbide y Liuzzi (la defensa de los policías informó que entre ellos hubo cruces telefónicos en la mañana en que se allanó Propyme) se sospecha que se hicieron con los teléfonos que utilizan los custodios del juez.

El juez Rodríguez ordenó conocer las llamadas entrantes y salientes de dos custodios que estuvieron con Oyarbide esas horas, y no se descarta que sean citados a declarar en la causa. Por otra parte, Rodríguez sumó a su cargo una nueva causa contra Liuzzi que estaba previamente en poder de su par Julián Ercolini, luego que ésta se excusara, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública. Es por contrataciones que hubieron desde la Secretaría de Legal y Técnica a la consultora Administradora de Conocimientos (ADCONSA), la cual se sospecha que está relacionada Liuzzi.

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