Protestas: sí, pero...
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Protestas: sí, pero...

Los reclamos con cortes de calles no fueron, son ni serán exclusivos de nuestro país. Sin embargo, en nuestro caso –más allá de que hay un derecho a manifestarse porque es un país democrático pero distinto es el caso cuando hay 30 personas cortando una calle, y peor cuando se busca directamente la provocación– existe una hipersensibilidad con el actuar de la Policía por lo sucedido durante la última dictadura militar: antes se cometían crímenes y ahora hay vacíos de autoridad. Si hay que pecar, yo prefiero el vacío, pero la Argentina debería aspirar a una posición más equilibrada.


La cantidad de piquetes en cada país va de la mano con el nivel de conflictividad de la sociedad. No obstante, fuera de la Argentina no sucede que cualquiera puede hacer cualquier cosa en la calle. 


Aquí se naturalizó que una protesta válida, cualquiera que sea, permita el avasallamiento de los derechos de los ciudadanos ajenos a la protesta, por ejemplo con cortes de calles y rutas, algo que habría que relacionar con la crisis argenta del 2001, cuando la manifestación se impuso como una “regla”. Por años, las fuerzas de seguridad no fueron autorizadas a actuar, pese a que en la mayoría de los casos constituían delito. A la vez, la falta de fuerzas especiales modernamente equipadas o la falta de entrenamiento en control de multitudes hicieron que las pocas actuaciones policiales terminaran con heridos de ambos lados.


En nuestro caso, la política –de todos los signos– ha sido condescendiente desde aquel 2001 y ha dejado actuar a los grupos llamados “piqueteros” con autonomía, hasta el punto de que ya es común que éstos actúen con la cara cubierta y porten palos y hasta lanzas que usan “para defenderse”, según declaran ellos mismos al ser consultados por los periodistas.


No es el caso de Brasil, por ejemplo, donde existen las protestas programadas y hay casos en que la policía hace un chequeo de mochilas y bolsas de quienes participan, y de otros Estados del mundo que no permiten el uso de palos.
En este sentido, las convenciones, que Argentina firmó, establecen un marco regulatorio para todos los pasos que deben seguir tanto los manifestantes como las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, se determina que a los policías de todos los países se los debe entrenar con una técnica internacional para “romper” los cortes.


También contempla las armas que los agentes pueden portar, las cuales varían si los manifestantes están desarmados o tienen palos. Por supuesto, también existe una mención al alegato constitucional que tiene el bloqueo de vías públicas, ya que se violan los derechos de las personas que transitan.

 

Equilibrar, ésa es la cuestión
A la hora de opinar sobre los piquetes no existen los grises. Por un lado están quienes rechazan que “cualquiera corte una calle”, mientras que la otra campana reivindica el valor de la protesta y sostiene que “manifestarse es la mejor, sino la única, manera de visibilizar un reclamo”. Es el consabido término consagrado por nuestra Constitución que reza que “el derecho de cada uno termina donde comienza el de los demás”.


En este punto es lógico preguntarse cómo llegar al equilibrio, sobre todo cuando dos referentes de un mismo gobierno difieren en su idea sobre cómo actuar en estos casos: mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, prefiere usar el diálogo y la mesura, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal –convencida de que los cortes no resuelven los conflictos y harta de sufrirlos– prefiere utilizar la represión.


Según un informe de la consultora Diagnóstico Político, en 2016 hubo 644 cortes de calles en la ciudad de Buenos Aires, lo que equivale a 2,6 cortes por cada día hábil. Y en marzo de este año hubo un aumento del 118% en piquetes en todo el país con respecto a febrero, siendo la provincia y la ciudad de Buenos Aires las más afectadas con 127 y 120, respectivamente.


Una de las primeras conclusiones que revela este dato es que el protocolo antipiquetes que impulsó el Gobierno en febrero luego de asumir, fracasó. Pero el accionar de las fuerzas de seguridad el día del paro general de la CGT y el desalojo de la escuela itinerante que los docentes quisieron instalar sin autorización en el Congreso, parece haberle dado aire a la administración de Mauricio Macri, que ahora se muestra más decidida a bloquear manifestaciones que interrumpan el tráfico y no permitan circular libremente.


Sin embargo, también hay que apuntar contra la Justicia, ya que los jueces deberían establecer, a través de la jurisprudencia, los límites legales del uso legítimo de la violencia. Y en el país no hay jurisprudencia desarrollada al respecto.

 

A pura prueba y error
En este estado de cosas, lo mejor sería –creo– aprender pese a los errores, aunque se debería tomar recaudos de forma urgente. De otra forma, lo que ahora es la punta de una situación delicada será mucho peor cuando la generalización de las acciones –de uno u otro lado, del Estado o de quienes protestan– se expanda como una mancha de petróleo en el mar.


Sin conocer el tema, supongo como cualquier ciudadano que hay maneras de usar la fuerza sin reprimir para garantizar el tránsito. Y eso, estimo, la Argentina no lo aplica en la actualidad.


Aprender de los errores ha sido la forma en que otros países han actuado. Por ejemplo, Suecia y España, que han mejorado mucho su desempeño a raíz de la firma de convenios, lo mismo que Japón.


“Los países han aprendido a los golpes, cometiendo errores. Estados Unidos tiene un uso desmedido en muchas ocasiones, con demandas contra la policía por eso y de a poco han ido aprendiendo”, ejemplifica Edgardo Buscaglia en su libro La fuerza de la razón y la razón de la fuerza, en el que hace referencia a las convenciones internacionales a las cuales deben ajustarse todos los países a la hora de lidiar con manifestaciones, e ilustra la posición de la Argentina y México con respecto al asunto, dejando en claro que ninguno de los dos Estados las cumplen.


“México peca por exagerada represión y Argentina por el vacío. En México hay una excesiva represión donde se han utilizado armas de fuego, se los ha encarcelado usando tipos penales, desde terrorismo hasta delincuencia organizada, a manifestantes sociales. En la Argentina hay permisividad exagerada, donde tampoco se cumple con los estándares internacionales”, asegura Buscaglia, quien además es director del Centro de Derecho Internacional y Economía del Desarrollo.

 

Al final…
Hablar de represión en la Argentina no tiene sentido. Todavía no se está discutiendo nada, y no se puede opinar en general porque depende mucho del contexto. Y eso es parte de la pobreza del debate.


Mientras tanto, balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes por un lado, y caras cubiertas, palos y lanzas por el otro serán protagonistas de hechos que la sociedad mira consternada, dividida como el Gobierno entre quienes quieren más acción de parte del Estado y los que se quejan si éste reacciona con más o menos autoridad.

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Protestas: sí, pero...

Los reclamos con cortes de calles no fueron, son ni serán exclusivos de nuestro país. Sin embargo, en nuestro caso –más allá de que hay un derecho a manifestarse porque es un país democrático pero distinto es el caso cuando hay 30 personas cortando una calle, y peor cuando se busca directamente la provocación– existe una hipersensibilidad con el actuar de la Policía por lo sucedido durante la última dictadura militar: antes se cometían crímenes y ahora hay vacíos de autoridad. Si hay que pecar, yo prefiero el vacío, pero la Argentina debería aspirar a una posición más equilibrada.


La cantidad de piquetes en cada país va de la mano con el nivel de conflictividad de la sociedad. No obstante, fuera de la Argentina no sucede que cualquiera puede hacer cualquier cosa en la calle. 


Aquí se naturalizó que una protesta válida, cualquiera que sea, permita el avasallamiento de los derechos de los ciudadanos ajenos a la protesta, por ejemplo con cortes de calles y rutas, algo que habría que relacionar con la crisis argenta del 2001, cuando la manifestación se impuso como una “regla”. Por años, las fuerzas de seguridad no fueron autorizadas a actuar, pese a que en la mayoría de los casos constituían delito. A la vez, la falta de fuerzas especiales modernamente equipadas o la falta de entrenamiento en control de multitudes hicieron que las pocas actuaciones policiales terminaran con heridos de ambos lados.


En nuestro caso, la política –de todos los signos– ha sido condescendiente desde aquel 2001 y ha dejado actuar a los grupos llamados “piqueteros” con autonomía, hasta el punto de que ya es común que éstos actúen con la cara cubierta y porten palos y hasta lanzas que usan “para defenderse”, según declaran ellos mismos al ser consultados por los periodistas.


No es el caso de Brasil, por ejemplo, donde existen las protestas programadas y hay casos en que la policía hace un chequeo de mochilas y bolsas de quienes participan, y de otros Estados del mundo que no permiten el uso de palos.
En este sentido, las convenciones, que Argentina firmó, establecen un marco regulatorio para todos los pasos que deben seguir tanto los manifestantes como las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, se determina que a los policías de todos los países se los debe entrenar con una técnica internacional para “romper” los cortes.


También contempla las armas que los agentes pueden portar, las cuales varían si los manifestantes están desarmados o tienen palos. Por supuesto, también existe una mención al alegato constitucional que tiene el bloqueo de vías públicas, ya que se violan los derechos de las personas que transitan.

 

Equilibrar, ésa es la cuestión
A la hora de opinar sobre los piquetes no existen los grises. Por un lado están quienes rechazan que “cualquiera corte una calle”, mientras que la otra campana reivindica el valor de la protesta y sostiene que “manifestarse es la mejor, sino la única, manera de visibilizar un reclamo”. Es el consabido término consagrado por nuestra Constitución que reza que “el derecho de cada uno termina donde comienza el de los demás”.


En este punto es lógico preguntarse cómo llegar al equilibrio, sobre todo cuando dos referentes de un mismo gobierno difieren en su idea sobre cómo actuar en estos casos: mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, prefiere usar el diálogo y la mesura, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal –convencida de que los cortes no resuelven los conflictos y harta de sufrirlos– prefiere utilizar la represión.


Según un informe de la consultora Diagnóstico Político, en 2016 hubo 644 cortes de calles en la ciudad de Buenos Aires, lo que equivale a 2,6 cortes por cada día hábil. Y en marzo de este año hubo un aumento del 118% en piquetes en todo el país con respecto a febrero, siendo la provincia y la ciudad de Buenos Aires las más afectadas con 127 y 120, respectivamente.


Una de las primeras conclusiones que revela este dato es que el protocolo antipiquetes que impulsó el Gobierno en febrero luego de asumir, fracasó. Pero el accionar de las fuerzas de seguridad el día del paro general de la CGT y el desalojo de la escuela itinerante que los docentes quisieron instalar sin autorización en el Congreso, parece haberle dado aire a la administración de Mauricio Macri, que ahora se muestra más decidida a bloquear manifestaciones que interrumpan el tráfico y no permitan circular libremente.


Sin embargo, también hay que apuntar contra la Justicia, ya que los jueces deberían establecer, a través de la jurisprudencia, los límites legales del uso legítimo de la violencia. Y en el país no hay jurisprudencia desarrollada al respecto.

 

A pura prueba y error
En este estado de cosas, lo mejor sería –creo– aprender pese a los errores, aunque se debería tomar recaudos de forma urgente. De otra forma, lo que ahora es la punta de una situación delicada será mucho peor cuando la generalización de las acciones –de uno u otro lado, del Estado o de quienes protestan– se expanda como una mancha de petróleo en el mar.


Sin conocer el tema, supongo como cualquier ciudadano que hay maneras de usar la fuerza sin reprimir para garantizar el tránsito. Y eso, estimo, la Argentina no lo aplica en la actualidad.


Aprender de los errores ha sido la forma en que otros países han actuado. Por ejemplo, Suecia y España, que han mejorado mucho su desempeño a raíz de la firma de convenios, lo mismo que Japón.


“Los países han aprendido a los golpes, cometiendo errores. Estados Unidos tiene un uso desmedido en muchas ocasiones, con demandas contra la policía por eso y de a poco han ido aprendiendo”, ejemplifica Edgardo Buscaglia en su libro La fuerza de la razón y la razón de la fuerza, en el que hace referencia a las convenciones internacionales a las cuales deben ajustarse todos los países a la hora de lidiar con manifestaciones, e ilustra la posición de la Argentina y México con respecto al asunto, dejando en claro que ninguno de los dos Estados las cumplen.


“México peca por exagerada represión y Argentina por el vacío. En México hay una excesiva represión donde se han utilizado armas de fuego, se los ha encarcelado usando tipos penales, desde terrorismo hasta delincuencia organizada, a manifestantes sociales. En la Argentina hay permisividad exagerada, donde tampoco se cumple con los estándares internacionales”, asegura Buscaglia, quien además es director del Centro de Derecho Internacional y Economía del Desarrollo.

 

Al final…
Hablar de represión en la Argentina no tiene sentido. Todavía no se está discutiendo nada, y no se puede opinar en general porque depende mucho del contexto. Y eso es parte de la pobreza del debate.


Mientras tanto, balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes por un lado, y caras cubiertas, palos y lanzas por el otro serán protagonistas de hechos que la sociedad mira consternada, dividida como el Gobierno entre quienes quieren más acción de parte del Estado y los que se quejan si éste reacciona con más o menos autoridad.

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