Profundo hastío por la justicia mendocina
¿Quo vadis, justicia?
Ni a propósito podría hacer las cosas peores, día a día la vilipendiada y corporativa Justicia mendocina; que no nos deja de sorprender con sus actos propios de alguien que juguetea con su propio suicidio. Qué más se puede decir de todo lo malo que hacen quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia; poca contracción al trabajo, jueces politizados, otros sospechados en causas donde se mueven altas sumas de dinero, fallos bochornosos, jueces kirchneristas que hacen todo lo posible para entorpecer los aires de cambio propiciados por gobernador, Alfredo Cornejo, jueces que a pesar de su edad no se jubilan.
Casi todos ellos, apegados a las viejas costumbres de llegar temprano a sus despachos a desayunar, para, cerca del mediodía, dar por terminada la tarea laboral, total para algunos parece que es más importante dedicar el resto del tiempo a jugar al golf, a sus tareas como entrenadores de rugby, acostarse a dormir la siesta, para ya en el atardecer asistir a muestras en galerías de arte y a cuanto evento social se realice, acompañados de sus mujeres.
Ahora es el turno del juez Gonzalo Guiñazú, quien aparentemente no desearía pasar a la historia por su responsabilidad con el servicio público, sino que, por el contrario, habría decidido sacarse un peso de encima en el juicio resonante por el asesinato de la joven Julieta González declarándose incompetente.
Hasta el propio Gobernador no dudó un segundo de tildarlo de “vago” lisa y llanamente a este juez ni siquiera le dio el crédito de que actuara ideológicamente.
Qué pensará del proceder de Gonzalo Guiñazú la familia de la joven víctima asesinada, ellos solo solicitan justicia ágil y eficiente mientras nuestros funcionarios judiciales juegan a hacerse los desentendidos .
Jueces que tiran demasiado la cuerdas como si no supieran del desprestigio que gozan en la sociedad, solo superados por el descrédito de los sindicalistas.
Gonzalo Guiñazú también es tristemente recordado por la muerte de la joven Ayelén Arias, que en una parada de micros fue atropellada junto a su pequeño hijo, de un año, por el delincuente Horacio Rodríguez a bordo de un auto robado y que por un error de la Justicia fue liberado aproximadamente cuatro años antes de lo debido. La Subsecretaría de Justicia en esos momentos acusó a Guiñazú, pero la Suprema Corte nunca se expidió.
En fin, es la Justicia que nos toca vivir, la misma que una multitud de argentinos la semana pasada reprobara espontáneamente, la misma que no hace el mínimo esfuerzo por abuenarse con la ciudadanía, claro que para ellos tal vez sea mucho lo que les piden, que es trabajar, y que dejen de dormir la siesta eterna.
Sola contra el mundo
Una vez más, la heroína de la Justicia mendocina, la fiscal Gabriela Cháves volverá a estar en el centro de la escena como la única que se preocupa en mandar a la cárcel a los delincuentes como Nélida Rojas y su clan familiar acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, coacciones, etcétera.
Dentro de pocos días volverá a insistir con la imputación de todo el clan y amigos que suman cerca de cuarenta personas, una imputación basada en más de 180 denuncias de víctimas que ven con preocupación que este clan goce de los beneficios de la libertad para tratar de convencerlos a cambio de dinero y mercaderías para que no los denuncien, algo muy peligroso, mas aún tratándose de un departamento chico como Lavalle donde todos se conocen.
Hay que recordar que ellos se encuentran en libertad por culpa del bochornoso fallo del trío Correa Llano, Salinas y Miguel, que les dieron la libertad cuando por iguales motivos en Jujuy hasta fue detenido por unos días el exgobernador Eduardo Fellner.
Pareciera que en la Argentina hubiera jueces que se la juegan por el pueblo y otros que priorizarían sus propios beneficios o creencias políticas, nunca hay que olvidar que en estas causas se mueven sumas importantes entre dinero, terrenos y autos de alta gama.
Es de esperar que en esta oportunidad, la fiscal corra con mejor suerte y no se tope con jueces que privilegian los derechos de los delincuentes por sobre el de las víctimas.
En esta causa se puede dar el caso que quede salpicado el intendente de Lavalle, Roberto Righi, aunque algunos cercanos aseguran que el hizo los deberes bien, que cuando actuaba de intermediario entre el dinero de la Nación a la Túpac Amaru lavallina, él sólo lo entregaba una vez que presentaban los certificados de obras correspondientes, además que, desde la Municipalidad se controlaba la calidad de la construcción de esas viviendas sociales, por lo que esperaría con cierta tranquilidad el desenlace de esta investigación.
Todos deberíamos de apoyar y defender a funcionarios que como Gabriela Cháves apuestan a dignificar su cargo a pesar de los agravios que sufrió de algún abogado defensor que tuvo el tupé de menospreciarla intelectualmente lo que le valió una reprimenda de la juez actuante.
Nos agobia el fastidio y el hastío, pero fiscales como Cháves todavía no hace tener una cuota de esperanza en la Justicia.