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Por Redacción

Gioja: “Las tenemos bien puestas”



El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, redobló la apuesta por el informe de la UNCuyo y aclaró que “todo es un ataque” contra su provincia. Irónico, expresó: “Recién me entero que desde una provincia que está al sur de San Juan dicen que el frío este es por culpa de la minería. Los sanjuaninos las tenemos bien puesta”, llevando el tema de la contaminación del agua de Jachal a una disputa entre Estados. Por su parte, las autoridades de la casa de altos estudios mendocina explicaron que el informe es “objetivo y claro”


Olvidando el eje central de la discusión, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, tomó como personal el informe de la UNCuyo y trasladó el debate de la contaminación –o no– del río Jáchal a un duelo entre provincias.


En sus últimas declaraciones a medios sanjuaninos, Gioja se mostró muy efusivo y con ironía evitó nombrar a Mendoza: “Recién me entero que desde una provincia que está al sur de San Juan dicen que el frío este es por culpa de la minería. Vamos a tratar de demostrar que no”. Además se metió de lleno en la disputa expresando: “Nos están agrediendo, pero los sanjuaninos las tenemos bien puestas”.


En sus declaraciones, el Gobernador sanjuanino aclaró que los directivos de la universidad no salieron a contestar el pedido que realizó el fiscal de estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, para que la casa de altos estudios “ratifique” o “rectifique” los dichos en el estudio publicado en el sitio web www.unidiversidad.com.ar.


De Sanctis también se colgó de la actitud de Gioja y elevó su apuesta en la disputa entre mendocinos y sanjuaninos. “El informe es agraviante y malicioso, realizado con mala fe, a propósito, para dañar a la provincia de San Juan y a su pueblo”, aclaró y prosiguió: “Tengo cargo constitucional, no pertenezco al Poder Ejecutivo. La Constitución me da el cometido de defender el patrimonio de San Juan”.


Por su parte, la Universidad Nacional de Cuyo hizo público un comunicado que tiene como destinatario al fiscal de Estado de San Juan, en el que explica por qué la casa de estudios no tiene el deber de salir a “ratificar” o “rectificar” el informe realizado por la facultad de Ingeniería.


En un párrafo, el informe indica: “Atento a que unidiversidad.com.ar es un sitio esencialmente periodístico, que la nota referida cita fuentes concretas, las cuales son testimoniales y no instrumentales, en ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y que esta universidad no ha manifestado postura institucional al respecto, consideramos que resulta improcedente el requerimiento efectuado por intermedio del señor fiscal de Estado para que esta casa de estudios ratifique o rectifique el contenido de la nota periodística aludida”.


El comunicado agrega que el estudio “reafirma la objetividad y calidad técnica” y que su “elaboración ha sido atribuida al Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, y excede a esta instancia meramente informativa cualquier alegato sobre los criterios empleados, los que eventualmente podrán ser ampliamente detallados por sus responsables”.


Además, el informe arremete contra el Gobierno sanjuanino exponiendo: “Las calificaciones por ustedes vertidas sobre la supuesta utilización maliciosa de informes técnicos conforman sólo apreciaciones subjetivas que no encuentran sustento fáctico ni documental alguno, y de ninguna manera resultan atribuibles a la postura institucional de esta casa de estudios”.


Un fiscal federal pidió el informe de la UNCuyo


Por su parte, el fiscal federal Ramiro González le pidió a la Universidad de Cuyo con “carácter urgente” el envío del informe elaborado por esa casa de altos estudios a raíz del derrame de cianuro en el pueblo de Jáchal, en la mina El Veladero de la empresa Barrick Gold.


Por otra parte, el juez de la localidad de Jáchal, Pablo Oritja, pidió al juez federal de la Capital Federal Sebastián Casanello que se inhiba de seguir investigando en paralelo la presunta responsabilidad de funcionarios de San Juan y de la Nación por la posible falta de controles en el funcionamiento de la empresa.


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Gioja: “Las tenemos bien puestas”

El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, redobló la apuesta por el informe de la UNCuyo y aclaró que “todo es un ataque” contra su provincia. Irónico, expresó: “Recién me entero que desde una provincia que está al sur de San Juan dicen que el frío este es por culpa de la minería. Los sanjuaninos las tenemos bien puesta”, llevando el tema de la contaminación del agua de Jachal a una disputa entre Estados. Por su parte, las autoridades de la casa de altos estudios mendocina explicaron que el informe es “objetivo y claro”

Olvidando el eje central de la discusión, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, tomó como personal el informe de la UNCuyo y trasladó el debate de la contaminación –o no– del río Jáchal a un duelo entre provincias.

En sus últimas declaraciones a medios sanjuaninos, Gioja se mostró muy efusivo y con ironía evitó nombrar a Mendoza: “Recién me entero que desde una provincia que está al sur de San Juan dicen que el frío este es por culpa de la minería. Vamos a tratar de demostrar que no”. Además se metió de lleno en la disputa expresando: “Nos están agrediendo, pero los sanjuaninos las tenemos bien puestas”.

En sus declaraciones, el Gobernador sanjuanino aclaró que los directivos de la universidad no salieron a contestar el pedido que realizó el fiscal de estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, para que la casa de altos estudios “ratifique” o “rectifique” los dichos en el estudio publicado en el sitio web www.unidiversidad.com.ar.

De Sanctis también se colgó de la actitud de Gioja y elevó su apuesta en la disputa entre mendocinos y sanjuaninos. “El informe es agraviante y malicioso, realizado con mala fe, a propósito, para dañar a la provincia de San Juan y a su pueblo”, aclaró y prosiguió: “Tengo cargo constitucional, no pertenezco al Poder Ejecutivo. La Constitución me da el cometido de defender el patrimonio de San Juan”.

Por su parte, la Universidad Nacional de Cuyo hizo público un comunicado que tiene como destinatario al fiscal de Estado de San Juan, en el que explica por qué la casa de estudios no tiene el deber de salir a “ratificar” o “rectificar” el informe realizado por la facultad de Ingeniería.

En un párrafo, el informe indica: “Atento a que unidiversidad.com.ar es un sitio esencialmente periodístico, que la nota referida cita fuentes concretas, las cuales son testimoniales y no instrumentales, en ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y que esta universidad no ha manifestado postura institucional al respecto, consideramos que resulta improcedente el requerimiento efectuado por intermedio del señor fiscal de Estado para que esta casa de estudios ratifique o rectifique el contenido de la nota periodística aludida”.

El comunicado agrega que el estudio “reafirma la objetividad y calidad técnica” y que su “elaboración ha sido atribuida al Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, y excede a esta instancia meramente informativa cualquier alegato sobre los criterios empleados, los que eventualmente podrán ser ampliamente detallados por sus responsables”.

Además, el informe arremete contra el Gobierno sanjuanino exponiendo: “Las calificaciones por ustedes vertidas sobre la supuesta utilización maliciosa de informes técnicos conforman sólo apreciaciones subjetivas que no encuentran sustento fáctico ni documental alguno, y de ninguna manera resultan atribuibles a la postura institucional de esta casa de estudios”.

Un fiscal federal pidió el informe de la UNCuyo

Por su parte, el fiscal federal Ramiro González le pidió a la Universidad de Cuyo con “carácter urgente” el envío del informe elaborado por esa casa de altos estudios a raíz del derrame de cianuro en el pueblo de Jáchal, en la mina El Veladero de la empresa Barrick Gold.

Por otra parte, el juez de la localidad de Jáchal, Pablo Oritja, pidió al juez federal de la Capital Federal Sebastián Casanello que se inhiba de seguir investigando en paralelo la presunta responsabilidad de funcionarios de San Juan y de la Nación por la posible falta de controles en el funcionamiento de la empresa.

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