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Por Redacción

La UCR pidió un informe al Ministerio de Salud



En el senado se aprobó un pedido de informes de la senadora Claudia Najul, para que el Ministerio de Salud se expida sobre la aplicación efectiva en la provincia de la ley nacional de Salud Mental en general, y en particular sobre el apartado de la ley donde se establecen los convenios de cooperación con las provincias.


“La Ley 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental aprobada en 2010 es en todo el país operativa y de aplicación inmediata a partir del plazo que establece la misma, sin necesidad de su adhesión por cada jurisdicción a través de leyes provinciales, debido a su carácter de orden público. En el Capítulo XI, artículo 41, se establece que el Estado Nacional debe promover convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo de acciones conjuntas tendientes a implementar los principios expuestos en la presente”, explicó la legisladora radical.


Además, indicó que dentro de esos convenios se especifican la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación para la implementación de la ley; la ayuda para la realización de programas de capacitación permanente de los equipos de Salud, con participación de las universidades, y el asesoramiento para la creación en cada una de las jurisdicciones de áreas específicas para la aplicación de políticas de salud mental, las que actuarán en coordinación con la autoridad de aplicación nacional de la misma”.


Por ello, Najul planteó que se informe al senado si existe cooperación económica de la Nación, en qué área se encuentra a cargo la aplicación de la ley y si existen los convenios pertinentes entre Nación y Provincia.



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La UCR pidió un informe al Ministerio de Salud

En el senado se aprobó un pedido de informes de la senadora Claudia Najul, para que el Ministerio de Salud se expida sobre la aplicación efectiva en la provincia de la ley nacional de Salud Mental en general, y en particular sobre el apartado de la ley donde se establecen los convenios de cooperación con las provincias.

“La Ley 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental aprobada en 2010 es en todo el país operativa y de aplicación inmediata a partir del plazo que establece la misma, sin necesidad de su adhesión por cada jurisdicción a través de leyes provinciales, debido a su carácter de orden público. En el Capítulo XI, artículo 41, se establece que el Estado Nacional debe promover convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo de acciones conjuntas tendientes a implementar los principios expuestos en la presente”, explicó la legisladora radical.

Además, indicó que dentro de esos convenios se especifican la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación para la implementación de la ley; la ayuda para la realización de programas de capacitación permanente de los equipos de Salud, con participación de las universidades, y el asesoramiento para la creación en cada una de las jurisdicciones de áreas específicas para la aplicación de políticas de salud mental, las que actuarán en coordinación con la autoridad de aplicación nacional de la misma”.

Por ello, Najul planteó que se informe al senado si existe cooperación económica de la Nación, en qué área se encuentra a cargo la aplicación de la ley y si existen los convenios pertinentes entre Nación y Provincia.

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