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Por Redacción

La muerte digna de un argentino



En los fueros íntimos del alma del país se anida ese derecho soberano a morir con dignidad. Aspecto que también se le niega sistemáticamente a ese habitante que por lo menos a “eso” podría acceder. Sin embargo el estado de situación de su “condicionado vivir” lo pone en esa desgracia de no poder elegir hasta cómo dejar este mundo.


El escenario de nuestra nación muestra en la semana que culmina dos cuestiones que en apariencia están desconectadas, pero que sin embargo dejan al descubierto los avances de un país en materia  legal, ética y médica, como así los horrores de esos sufrientes caminos a los que se somete transitar a millones de connacionales. En uno y en otro el patrón vinculante es la vida y de cómo debería finalizar la misma.


Una nación con avanzada legislación para lo institucional, la República Argentina dio un enorme paso cuando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permitió la aplicación de la Ley 26742 de Muerte Digna en un paciente del sur argentino, a quien se le “garantizó el respeto a la voluntad de suspender aquellas medidas que desde hace más de 20 años prolongaban artificialmente su vida”. Un hecho relevante que puso al país ante la comunidad internacional y el debate permanente sobre qué hacer con enfermos en estados extremos e irreversibles.


La ciencia médica y legal del mundo analiza permanentemente cómo concluye la vida de un ser humano. En todo foro se tienen en cuenta ejemplos, casos y acciones que se toman en diferentes partes del planeta. Desde la actitud de Colombia, como una de las pocas naciones en el mundo donde la eutanasia es legal. O diferentes casos donde tras batallas legales, a diferentes pacientes con dramáticos cuadros se les permitió terminar con su vida.


O el permanente recuerdo de Karen Ann Quinlan, aquella mujer que provocó importante debate sobre el derecho a la muerte en Estados Unidos. Karen había muerto después de pasar 10 años en estado de coma profundo. La joven norteamericana entró en ese estado tras ingerir un cóctel de drogas y alcohol y, a pesar de que su familia logró un año más tarde una sentencia que permitió que fuera desconectada de un respirador artificial, Karen continuó viviendo una vida vegetal durante toda una década sin respiración asistida.


Oportunidades y derechos que no son para todos


Como se aprecia, la Argentina se colocó a la vanguardia de la legislación que permite a un paciente “su derecho a muerte digna”. Y es entonces cuando ampliando la mirada en TODO el país y sus habitantes, es que uno se pregunta inmediatamente  ¿del mismo modo se permite vivir dignamente a los ciudadanos, para morir con dignidad? La respuesta es dura y contundente: “¡NO!”


Hay millones de argentinos que se los lleva a “practicar una eutanasia encubierta y sin que estos lo sepan”. El estado de pobreza e indigencia, aparejado al inexistente derecho a la salud los coloca en un callejón sin salida. Miles de comunidades autóctonas, campesinos y obreros rurales, como así villas de emergencias son dantescos reservorios que le duelen a la nación. Allí nadie tiene derecho a comer, educarse, trabajar y proyectarse en el tiempo.


Todo está acotado y sin esperanza alguna. Abuelos que mueren en la calle, niños que concluyen su corta y miserable vida sufriendo esa “evitable desnutrición infantil”.


Por eso y después de todo esto, uno siente en su fuero interior esa “mezcla de satisfacción y frustración a la vez”. Algo que difícilmente sienta el habitante de otros países, lo que hace que sea incomprensible y exclusivo de nuestra nación.


Tenemos alcances científicos, tecnológicos y hasta legales, destacables en la comunidad internacional. La muerte digna es uno de ellos. Sin embargo, al mismo tiempo en el lado reverso de la misma medalla ocultamos desidia, abandono, negaciones, el digno vivir de ciudadanos y de hecho el digno morir de los mismos. Esa legítima autodeterminación a cómo vivir, cuanto vivir y de qué manera morir. Sobre todo porque el estado argentino debería llevar la sensatez política para que las condiciones del vivir de todos lleven impresas esas condiciones absolutas de derecho.


Textual dicta la Constitución, pero también la buena intencionalidad que deberían tener los hombres que gobiernan este país. La misma que tuvo en sus manos el Poder Judicial de la Nación para un caso que mereció atención del Estado, como merecen millones de ciudadanos en su digno vivir y en su digno morir.


Daniel Gallardo – Periodista y Productor Radio Estudio Cooperativa 91.7 y Diario El Ciudadano


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La muerte digna de un argentino

En los fueros íntimos del alma del país se anida ese derecho soberano a morir con dignidad. Aspecto que también se le niega sistemáticamente a ese habitante que por lo menos a “eso” podría acceder. Sin embargo el estado de situación de su “condicionado vivir” lo pone en esa desgracia de no poder elegir hasta cómo dejar este mundo.

El escenario de nuestra nación muestra en la semana que culmina dos cuestiones que en apariencia están desconectadas, pero que sin embargo dejan al descubierto los avances de un país en materia  legal, ética y médica, como así los horrores de esos sufrientes caminos a los que se somete transitar a millones de connacionales. En uno y en otro el patrón vinculante es la vida y de cómo debería finalizar la misma.

Una nación con avanzada legislación para lo institucional, la República Argentina dio un enorme paso cuando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permitió la aplicación de la Ley 26742 de Muerte Digna en un paciente del sur argentino, a quien se le “garantizó el respeto a la voluntad de suspender aquellas medidas que desde hace más de 20 años prolongaban artificialmente su vida”. Un hecho relevante que puso al país ante la comunidad internacional y el debate permanente sobre qué hacer con enfermos en estados extremos e irreversibles.

La ciencia médica y legal del mundo analiza permanentemente cómo concluye la vida de un ser humano. En todo foro se tienen en cuenta ejemplos, casos y acciones que se toman en diferentes partes del planeta. Desde la actitud de Colombia, como una de las pocas naciones en el mundo donde la eutanasia es legal. O diferentes casos donde tras batallas legales, a diferentes pacientes con dramáticos cuadros se les permitió terminar con su vida.

O el permanente recuerdo de Karen Ann Quinlan, aquella mujer que provocó importante debate sobre el derecho a la muerte en Estados Unidos. Karen había muerto después de pasar 10 años en estado de coma profundo. La joven norteamericana entró en ese estado tras ingerir un cóctel de drogas y alcohol y, a pesar de que su familia logró un año más tarde una sentencia que permitió que fuera desconectada de un respirador artificial, Karen continuó viviendo una vida vegetal durante toda una década sin respiración asistida.

Oportunidades y derechos que no son para todos

Como se aprecia, la Argentina se colocó a la vanguardia de la legislación que permite a un paciente “su derecho a muerte digna”. Y es entonces cuando ampliando la mirada en TODO el país y sus habitantes, es que uno se pregunta inmediatamente  ¿del mismo modo se permite vivir dignamente a los ciudadanos, para morir con dignidad? La respuesta es dura y contundente: “¡NO!”

Hay millones de argentinos que se los lleva a “practicar una eutanasia encubierta y sin que estos lo sepan”. El estado de pobreza e indigencia, aparejado al inexistente derecho a la salud los coloca en un callejón sin salida. Miles de comunidades autóctonas, campesinos y obreros rurales, como así villas de emergencias son dantescos reservorios que le duelen a la nación. Allí nadie tiene derecho a comer, educarse, trabajar y proyectarse en el tiempo.

Todo está acotado y sin esperanza alguna. Abuelos que mueren en la calle, niños que concluyen su corta y miserable vida sufriendo esa “evitable desnutrición infantil”.

Por eso y después de todo esto, uno siente en su fuero interior esa “mezcla de satisfacción y frustración a la vez”. Algo que difícilmente sienta el habitante de otros países, lo que hace que sea incomprensible y exclusivo de nuestra nación.

Tenemos alcances científicos, tecnológicos y hasta legales, destacables en la comunidad internacional. La muerte digna es uno de ellos. Sin embargo, al mismo tiempo en el lado reverso de la misma medalla ocultamos desidia, abandono, negaciones, el digno vivir de ciudadanos y de hecho el digno morir de los mismos. Esa legítima autodeterminación a cómo vivir, cuanto vivir y de qué manera morir. Sobre todo porque el estado argentino debería llevar la sensatez política para que las condiciones del vivir de todos lleven impresas esas condiciones absolutas de derecho.

Textual dicta la Constitución, pero también la buena intencionalidad que deberían tener los hombres que gobiernan este país. La misma que tuvo en sus manos el Poder Judicial de la Nación para un caso que mereció atención del Estado, como merecen millones de ciudadanos en su digno vivir y en su digno morir.

Daniel Gallardo – Periodista y Productor Radio Estudio Cooperativa 91.7 y Diario El Ciudadano

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