La Corte declaró inconstitucional el recorte de coparticipación
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Por Redacción

La Corte declaró inconstitucional el recorte de coparticipación



La Corte Suprema de Justicia declaró hoy inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que redujo en 2001 la coparticipación federal de impuestos sin autorización del Congreso de la Nación y pidió un nuevo régimen que deberá encarar el gobierno entrante de Mauricio Macri.


Además, prohibió al Ejecutivo reducir el monto de fondos coparticipables y pide el dictado de un nuevo régimen de reparto, lo que queda pendiente en vistas de la asunción del próximo Gobierno a partir del 10 de diciembre próximo.


La decisión contó con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, quien dijo en declaraciones a NA que se trata del “fallo más importante” que emitió el máximo tribunal en materia de coparticipación hasta el momento.


El fallo determinó la inconstitucionalidad de los artículos 1° inciso “a” y 4° del decreto 1399/01 del Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa en noviembre de 2001, en plena crisis económica, financiera y social.


Ese decreto estableció una deducción de recursos coparticipables equivalente (en la actualidad) al 1,9 por ciento de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros, cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP.


En los casos de San Luis y Santa Fe, la Corte consideró que esos fondos eran coparticipables, y en consecuencia que debían devolverse todos y cada uno de los recursos retenidos a las provincias por aplicación de ese decreto.


Los jueces argumentaron que la deducción fue dispuesta por el Ejecutivo para financiar la operatoria de la AFIP sin que haya mediado ningún acuerdo por parte de las provincias que ahora reclaman, y que lo hizo sin autorización del Congreso Nacional.


La Constitución Nacional, según la Corte Suprema, no permite que el Poder Legislativo delegue al Presidente la facultad de establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables.


En total fueron cinco los fallos dictados por la Corte respecto de la coparticipación, los cuales dispusieron la inconstitucionalidad de la deducción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, y que son utilizados para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).


No sólo la Corte hizo lugar a los reclamos de San Luis y Santa Fe sino que también respecto de la provincia de Córdoba, pues al dictar una medida cautelar ordenó que suspenda de manera inmediata los descuentos que se le efectúan sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos.


La Corte valoró que el descuento fue establecido en la cláusula primera del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” del 12 de agosto de 1992 y prorrogada sucesivamente mediante diversos Pactos intrafederales.


En una de esas prórrogas, el Estado extendió a partir de de enero de 2006 el plazo de esa deducción de manera unilateral mediante el dictado de la ley 26.078, cuyo artículo 76 ahora fue declarado inconstitucional.


En un plazo de 120 días, la Corte dispuso que el Estado deberá cesar en forma inmediata de detraer esos fondos y devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el primero de enero de 2006 más los intereses que correspondan, lo que planteará un desafío financiero más para la nueva administración que sucederá a Cristina Kirchner.


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La Corte Suprema de Justicia declaró hoy inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que redujo en 2001 la coparticipación federal de impuestos sin autorización del Congreso de la Nación y pidió un nuevo régimen que deberá encarar el gobierno entrante de Mauricio Macri.

Además, prohibió al Ejecutivo reducir el monto de fondos coparticipables y pide el dictado de un nuevo régimen de reparto, lo que queda pendiente en vistas de la asunción del próximo Gobierno a partir del 10 de diciembre próximo.

La decisión contó con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, quien dijo en declaraciones a NA que se trata del “fallo más importante” que emitió el máximo tribunal en materia de coparticipación hasta el momento.

El fallo determinó la inconstitucionalidad de los artículos 1° inciso “a” y 4° del decreto 1399/01 del Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa en noviembre de 2001, en plena crisis económica, financiera y social.

Ese decreto estableció una deducción de recursos coparticipables equivalente (en la actualidad) al 1,9 por ciento de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros, cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP.

En los casos de San Luis y Santa Fe, la Corte consideró que esos fondos eran coparticipables, y en consecuencia que debían devolverse todos y cada uno de los recursos retenidos a las provincias por aplicación de ese decreto.

Los jueces argumentaron que la deducción fue dispuesta por el Ejecutivo para financiar la operatoria de la AFIP sin que haya mediado ningún acuerdo por parte de las provincias que ahora reclaman, y que lo hizo sin autorización del Congreso Nacional.

La Constitución Nacional, según la Corte Suprema, no permite que el Poder Legislativo delegue al Presidente la facultad de establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables.

En total fueron cinco los fallos dictados por la Corte respecto de la coparticipación, los cuales dispusieron la inconstitucionalidad de la deducción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, y que son utilizados para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

No sólo la Corte hizo lugar a los reclamos de San Luis y Santa Fe sino que también respecto de la provincia de Córdoba, pues al dictar una medida cautelar ordenó que suspenda de manera inmediata los descuentos que se le efectúan sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos.

La Corte valoró que el descuento fue establecido en la cláusula primera del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” del 12 de agosto de 1992 y prorrogada sucesivamente mediante diversos Pactos intrafederales.

En una de esas prórrogas, el Estado extendió a partir de de enero de 2006 el plazo de esa deducción de manera unilateral mediante el dictado de la ley 26.078, cuyo artículo 76 ahora fue declarado inconstitucional.

En un plazo de 120 días, la Corte dispuso que el Estado deberá cesar en forma inmediata de detraer esos fondos y devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el primero de enero de 2006 más los intereses que correspondan, lo que planteará un desafío financiero más para la nueva administración que sucederá a Cristina Kirchner.

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