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Justicia genuina – Definiciones del presidente de la Corte
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Por Redacción

Justicia genuina – Definiciones del presidente de la Corte



La entrevista que Julián Cañas -el reconocido periodista cordobés de Política y negocios de La Voz del Interior-, le hizo esta semana al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, fue mucho más que una nota periodística. Prácticamente es el extracto de un tratado sobre el sentido común y el deber ser de la Justicia republicana.


Realista y de fuerte contenido político

Ha merecido que nos ocupemos esta semana de ello casi con exclusividad porque, según nuestro modesto entender, pone de manifiesto la falencia más grave que sufre nuestro país desde la recuperación definitiva de la democracia, hace ya treinta y tres años: la insuficiente conciencia republicana en la sociedad y en los poderes del Estado.

No es que haya dicho nada nuevo pero, evidentemente para muchos, en momentos en los que la decepción le ha ganado a la esperanza, era necesario escuchar del propio presidente de la Corte, la reafirmación de algunos principios básicos y, tal vez obvios, pero que hemos ido olvidando con extrema frecuencia.

En un año particular, ya iniciada la carrera hacia las elecciones, y en el que empiezan a prefigurarse los perfiles de las distintas fuerzas que se disputan el poder para los próximos cuatro años, presumimos que Lorenzetti –que no habló únicamente de la relación de la Justicia con el poder de turno–, no sólo se dirigió al Gobierno, sino a todos los argentinos, a los políticos y también al Poder Judicial. Al respecto nos permitimos intentar un enfoque diferente.

Esta semana, también, ocurrieron hechos que no llamaron demasiado la atención, porque ya estamos acostumbrados. Ya forman parte de nuestra cotidianeidad. En Salta, por citar el que creemos más emblemático, detuvieron a un policía que llevaba, en su patrullero, 50 kilos de cocaína repartidos en 74 paquetes.

La realidad, es que el problema de la droga está íntimamente ligado al de la corrupción y, como afirmamos en innumerables oportunidades desde esta columna, la sociedad argentina tiene una alta tolerancia a la corrupción. Esa elevada resignación social –por llamarla de alguna manera–, es lo que permite gozar de impunidad a los que cometen este delito. El policía en cuestión, informaron, pasará a disponibilidad, posiblemente se lo separará de la fuerza y se iniciará una investigación.

El contubernio no es sólo de la Policía con los delincuentes. Para que esto suceda debe haber también connivencia entre la Policía y el poder político. Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir una vez que se ha instalado. Es evidente que la Corte Suprema de Justicia está advirtiendo que se ha llegado a un límite en el que los magistrados deben hacer su parte.

Sabemos fehacientemente que los caminos de la impunidad, la corrupción y el narcotráfico se entrecruzan. Decodificamos, cuando Lorenzetti habla de impunidad, que se está refiriendo indirectamente a algo mucho más complejo. La impunidad es lo que resulta del delito sin castigo, pero el delito en sí es la corrupción. Y si la descomposición y la arbitrariedad están en lo más alto de la conducción del Estado, debemos suponer que también estará en lo más bajo como, en este caso, las fuerzas del orden.


En el momento justo

Lorenzetti habló de narcotráfico e impunidad y de la urgencia que hay en atacar estos dos graves problemas. El haberlos mencionado juntos no es casualidad. Cuando habla de impunidad está hablando de la protección a la corrupción; “la gente tiene razón al pensar que la inseguridad se ha agravado”, dijo.

Que el presidente del máximo tribunal de Justicia los haya calificado como los más graves problemas que enfrenta el país, es una buena señal del conocimiento que, evidentemente, tienen los jueces sobre el daño que está causando el flagelo de la droga en la sociedad argentina. Una batalla que está perdiendo la política.

“Los jueces no gobiernan pero deben poner límites al gobierno de turno”, dijo, y esto además de ser cierto es muy republicano. Advirtió también de los peligros de no tener una Justicia independiente: se pueden sancionar leyes o el Poder Ejecutivo tomar decisiones que afecten a los ciudadanos. Habló también de las desigualdades y afirmó que hay una gran diferencia entre la realidad y lo que marca la ley.

Cuando se refirió a la necesidad de contar con políticas de Estado para hacer frente a los problemas que afectan a la seguridad y a la convivencia de los argentinos, involucró también a los tres poderes del Estado y a todo el arco político, incluyendo a los miembros de la Justicia.

Un mensaje, que si se le presta la debida atención se descubren algunas profundidades infrecuentes: los jueces son los custodios (los guardianes) de la Constitución, tienen que ser independientes del poder político. Le ponen límites a las decisiones inconstitucionales.

Cuando estas definiciones son pronunciadas por el presidente del máximo tribunal de Justicia de la Nación, están escoltadas por una recomendación al corazón de la política, llevan implícitas una decisión y un compromiso. Pensamos en una Corte que se ha comprometido a resguardar su independencia, en función y caución de la república y no de un gobierno determinado.

Tal vez lo más importante a nuestro juicio, fue cuando se refirió a la trampa de pretender que los jueces sean elegidos por el voto popular. Fullería acostumbrada y tan de moda en estos tiempos, en que se usa y abusa de la democracia para fines inconfesables y diversos. Expresiones oportunas del presidente de la Corte.


Emilio Luis Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.


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Justicia genuina – Definiciones del presidente de la Corte

La entrevista que Julián Cañas -el reconocido periodista cordobés de Política y negocios de La Voz del Interior-, le hizo esta semana al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, fue mucho más que una nota periodística. Prácticamente es el extracto de un tratado sobre el sentido común y el deber ser de la Justicia republicana.

Realista y de fuerte contenido político
Ha merecido que nos ocupemos esta semana de ello casi con exclusividad porque, según nuestro modesto entender, pone de manifiesto la falencia más grave que sufre nuestro país desde la recuperación definitiva de la democracia, hace ya treinta y tres años: la insuficiente conciencia republicana en la sociedad y en los poderes del Estado.
No es que haya dicho nada nuevo pero, evidentemente para muchos, en momentos en los que la decepción le ha ganado a la esperanza, era necesario escuchar del propio presidente de la Corte, la reafirmación de algunos principios básicos y, tal vez obvios, pero que hemos ido olvidando con extrema frecuencia.
En un año particular, ya iniciada la carrera hacia las elecciones, y en el que empiezan a prefigurarse los perfiles de las distintas fuerzas que se disputan el poder para los próximos cuatro años, presumimos que Lorenzetti –que no habló únicamente de la relación de la Justicia con el poder de turno–, no sólo se dirigió al Gobierno, sino a todos los argentinos, a los políticos y también al Poder Judicial. Al respecto nos permitimos intentar un enfoque diferente.
Esta semana, también, ocurrieron hechos que no llamaron demasiado la atención, porque ya estamos acostumbrados. Ya forman parte de nuestra cotidianeidad. En Salta, por citar el que creemos más emblemático, detuvieron a un policía que llevaba, en su patrullero, 50 kilos de cocaína repartidos en 74 paquetes.
La realidad, es que el problema de la droga está íntimamente ligado al de la corrupción y, como afirmamos en innumerables oportunidades desde esta columna, la sociedad argentina tiene una alta tolerancia a la corrupción. Esa elevada resignación social –por llamarla de alguna manera–, es lo que permite gozar de impunidad a los que cometen este delito. El policía en cuestión, informaron, pasará a disponibilidad, posiblemente se lo separará de la fuerza y se iniciará una investigación.
El contubernio no es sólo de la Policía con los delincuentes. Para que esto suceda debe haber también connivencia entre la Policía y el poder político. Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir una vez que se ha instalado. Es evidente que la Corte Suprema de Justicia está advirtiendo que se ha llegado a un límite en el que los magistrados deben hacer su parte.
Sabemos fehacientemente que los caminos de la impunidad, la corrupción y el narcotráfico se entrecruzan. Decodificamos, cuando Lorenzetti habla de impunidad, que se está refiriendo indirectamente a algo mucho más complejo. La impunidad es lo que resulta del delito sin castigo, pero el delito en sí es la corrupción. Y si la descomposición y la arbitrariedad están en lo más alto de la conducción del Estado, debemos suponer que también estará en lo más bajo como, en este caso, las fuerzas del orden.

En el momento justo
Lorenzetti habló de narcotráfico e impunidad y de la urgencia que hay en atacar estos dos graves problemas. El haberlos mencionado juntos no es casualidad. Cuando habla de impunidad está hablando de la protección a la corrupción; “la gente tiene razón al pensar que la inseguridad se ha agravado”, dijo.
Que el presidente del máximo tribunal de Justicia los haya calificado como los más graves problemas que enfrenta el país, es una buena señal del conocimiento que, evidentemente, tienen los jueces sobre el daño que está causando el flagelo de la droga en la sociedad argentina. Una batalla que está perdiendo la política.
“Los jueces no gobiernan pero deben poner límites al gobierno de turno”, dijo, y esto además de ser cierto es muy republicano. Advirtió también de los peligros de no tener una Justicia independiente: se pueden sancionar leyes o el Poder Ejecutivo tomar decisiones que afecten a los ciudadanos. Habló también de las desigualdades y afirmó que hay una gran diferencia entre la realidad y lo que marca la ley.
Cuando se refirió a la necesidad de contar con políticas de Estado para hacer frente a los problemas que afectan a la seguridad y a la convivencia de los argentinos, involucró también a los tres poderes del Estado y a todo el arco político, incluyendo a los miembros de la Justicia.
Un mensaje, que si se le presta la debida atención se descubren algunas profundidades infrecuentes: los jueces son los custodios (los guardianes) de la Constitución, tienen que ser independientes del poder político. Le ponen límites a las decisiones inconstitucionales.
Cuando estas definiciones son pronunciadas por el presidente del máximo tribunal de Justicia de la Nación, están escoltadas por una recomendación al corazón de la política, llevan implícitas una decisión y un compromiso. Pensamos en una Corte que se ha comprometido a resguardar su independencia, en función y caución de la república y no de un gobierno determinado.
Tal vez lo más importante a nuestro juicio, fue cuando se refirió a la trampa de pretender que los jueces sean elegidos por el voto popular. Fullería acostumbrada y tan de moda en estos tiempos, en que se usa y abusa de la democracia para fines inconfesables y diversos. Expresiones oportunas del presidente de la Corte.

Emilio Luis Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.

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