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Jaime, cada día más complicado
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Por Redacción

Jaime, cada día más complicado



El juez Sebastián Casanello determinó que Ricardo Jaime cometió una malversación de caudales cuando utilizó dos autos que estaban afectados al Estado para su uso particular. Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, fue indagado por Casanello debido a que se descubrió que mientras fue funcionario usó para sí dos autos que estaban destinados a controlar una ruta con peaje y una obra ferroviaria.


Jaime y Claudio Uberti, ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), declararon en indagatoria en diciembre pasado por el uso privado de autos públicos. Ambos ex funcionarios llegaron a indagatoria porque Jaime usaba para su beneficio –tal es la acusación del fiscal Carlos Rívolo– un auto que había recibido el Occovi de parte de una empresa privada para que se inspeccionara la concesión de una ruta con peaje. El ex secretario de Transporte, se comprobó en la causa, pagaba el sueldo de un chofer que manejaba el auto que le dio Occovi y además la cochera cercana a su casa donde lo guardaba.


Jaime también tiene en su haber –uno más de tantos casos de corrupción– la acusación por el uso particular de otro auto que una empresa privada, adjudicataria de una licitación de una construcción en el área de Transporte, había entregado al Estado para que se controlara la marcha de las obras. Pero lo usó para, por ejemplo, ir a la casa de fin de semana que –según se comprobó en otro caso de corrupción– le regaló un empresario al que debía controlar.


Rívolo había pedido que Jaime y Uberti fueran procesados por el delito de peculado. Que según el artículo 261 del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e  inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.


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Jaime, cada día más complicado

El juez Sebastián Casanello determinó que Ricardo Jaime cometió una malversación de caudales cuando utilizó dos autos que estaban afectados al Estado para su uso particular. Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, fue indagado por Casanello debido a que se descubrió que mientras fue funcionario usó para sí dos autos que estaban destinados a controlar una ruta con peaje y una obra ferroviaria.

Jaime y Claudio Uberti, ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), declararon en indagatoria en diciembre pasado por el uso privado de autos públicos. Ambos ex funcionarios llegaron a indagatoria porque Jaime usaba para su beneficio –tal es la acusación del fiscal Carlos Rívolo– un auto que había recibido el Occovi de parte de una empresa privada para que se inspeccionara la concesión de una ruta con peaje. El ex secretario de Transporte, se comprobó en la causa, pagaba el sueldo de un chofer que manejaba el auto que le dio Occovi y además la cochera cercana a su casa donde lo guardaba.

Jaime también tiene en su haber –uno más de tantos casos de corrupción– la acusación por el uso particular de otro auto que una empresa privada, adjudicataria de una licitación de una construcción en el área de Transporte, había entregado al Estado para que se controlara la marcha de las obras. Pero lo usó para, por ejemplo, ir a la casa de fin de semana que –según se comprobó en otro caso de corrupción– le regaló un empresario al que debía controlar.

Rívolo había pedido que Jaime y Uberti fueran procesados por el delito de peculado. Que según el artículo 261 del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e  inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.

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