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Grave crisis política en Brasil – Una trama de corrupción, sobornos y tráfico de influencias
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Por Redacción

Grave crisis política en Brasil – Una trama de corrupción, sobornos y tráfico de influencias



La suerte de Dilma Rousseff, se encuentra en estos momentos en las manos de dos entidades fiscalizadoras del Brasil: el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Tribunal Superior Electoral (TSE). Tanto uno como el otro, deberán expedirse en estos días sobre las denuncias de corrupción que involucran a Petrobras (la petrolera estatal), empresarios privados y a funcionarios del gobierno. De lo que resulte de las investigaciones y de lo que decida después el Congreso, la presidente podrá ser llevada a juicio político.


Independencia de la Justicia


A diferencia de otras dificultades que le ha tocado sortear a la presidente en estos últimos años -como la grave crisis económica y social previa al mundial de futbol-, en esta ocasión no está demostrando una buena cintura política. Será que esta vez las imputaciones son realmente graves y ciertas. Los 68 puntos de desaprobación que está midiendo su gobierno tampoco le dan mucho margen de maniobra.


Al parecer, hasta el momento, a diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, en el Brasil no se ha cumplido aquello de “hecha la ley, hecha la trampa”, y Los organismos autárquicos de contralor parecen funcionar según lo estipulado por la constitución Nacional y gozar de buena salud. Las causas por corrupción avanzan y, tanto empresarios como funcionarios, terminan en la cárcel si se comprueba su culpabilidad.


El artículo 71 de la Constitución del Brasil especifica que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) es una institución con autonomía administrativa, financiera y organizacional que no está ligada a ningún poder del Estado. Es un organismo totalmente independiente que ejerce una función impuesta por el pueblo.


A pesar de los desvelos del gobierno, la justicia brasileña parece avanzar sin pausa en todos los frentes. Las pericias judiciales –y policiales- alcanzan tanto a empleados del gobierno como empresarios. En los últimos días, el análisis de los datos almacenados en el teléfono celular del empresario Marcelo Odebrecht, presidente de Odebrecht S.A.,  está revelando a la justicia una enorme trama de sobornos, tráfico de influencia y coimas entre funcionarios, empresas estatales y empresarios privados.


El Tribunal (TCU) podría rechazar las cuentas del primer gobierno de Rousseff y elevar ese dictamen al Congreso y, de ser confirmado ese rechazo por el Parlamento, la presidente podría ser llevada a juicio político. Esto no sólo puede termina en su destitución, sino en una grave crisis institucional.


Inácio Lula da Silva, en estas últimas horas, insiste en convocar a Fernando Henrique Cardoso para pactar entre los dos una salida decorosa o, al menos, aplacar la embestida del opositor PSDB ¿Un Pacto de Olivos a la brasileña? Ocurre que ya no son sólo las denuncias de la oposición y las variables macroeconómicas las que afectan al gobierno. El incremento del desempleo producido por una fuerte caída de la actividad y el desplome de la recaudación, unidas a una creciente inflación, están sumándose a los problemas de pérdida de credibilidad cuya causa son, principalmente y a pesar de todo –programa de ajuste incluido-, las actuaciones por corrupción.


Agitar fantasmas del pasado


La presidente -en medio del escándalo de corrupción y preocupada por la ofensiva del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña) que intenta impugnar las elecciones en las que ella resultó ganadora-, ha conformado un poderoso equipo de abogados que tienen, como principal objetivo, evitar que el Tribunal Superior Electoral (PSE) logre comprobar que hubo aportes de campaña hechos por privados; que fue, en realidad, dinero desviado de Petrobras para financiar pasadas elecciones. Dinero ilegal.


Otra misión, no menos importante de este particular equipo de crisis, es el de “pasar un peine fino” –como aseguró esta semana el Folha de Sao Paulo- para tratar de encontrar irregularidades en las cuentas de Aécio Neves, el candidato opositor (PSDB de Minas Gerais) en las pasadas elecciones y principal impulsor en el Congreso de las denuncias por corrupción que afectan al PT y a Rousseff. No hay mejor defensa que un buen ataque.


Pero Las cosas son mucho más complicadas aún. Existe la certeza de rompimiento de la coalición gobernante. El presidente de la Cámara de Diputados y aliado hasta hace muy poco, Eduardo Cunha (Movimiento Democrático Brasileño), decidirá en septiembre próximo si rompe su alianza con el PT de la Presidente. Para algunos es ya un hecho.


Como es costumbre en nuestra región, los políticos brasileños no pierden oportunidad para echar mano de argumentos añejos, trayendo a la memoria hechos lamentables del pasado y que todavía tienen fuerte impacto popular.


Hace muy poco le adjudicaron a Dilma Rousseff haber dicho: “no me voy a suicidar, no hago acuerdos y no voy a renunciar”, en clara alusión a los anteriores mandatarios Getúlio Vargas, João Goulart y Fernando Collor de Melo, quienes corrieron esas suertes alternativas en el pasado. Aunque su caso no es tan dramático porque, hasta aquí, es solamente comparable con el último de los aludidos. Lo que los organismos autárquicos tratan de probar es que existió corrupción política, a través del tráfico de influencia y el pago de sobornos.


Lo cierto es que Aécio Neves le dio letra al partido del gobierno para aferrarse a los miedos del pasado. Había afirmado, en los primeros días de julio, que no sabía si Dilma Rousseff iba a concluir su mandato presidencial. Al amparo de esa expresión, los líderes del PT han empezado a insinuar la sombra fantasmal de un golpe de Estado parlamentario.


Por cierto, acusar al PSDB de golpear las puertas de los cuarteles, cuando varios de sus miembros fueron encarcelados, perseguidos y exiliados durante gobiernos militares, no sonaba muy creíble. Un recurso que ya está quedando demodé. Tutto il mondo è paese, dirían los italianos. En todas partes se cuecen habas o, si les gusta más, conoce a tu pueblo y conocerás el mundo.



Emilio Luis Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la defensa nacional.


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Grave crisis política en Brasil – Una trama de corrupción, sobornos y tráfico de influencias

La suerte de Dilma Rousseff, se encuentra en estos momentos en las manos de dos entidades fiscalizadoras del Brasil: el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Tribunal Superior Electoral (TSE). Tanto uno como el otro, deberán expedirse en estos días sobre las denuncias de corrupción que involucran a Petrobras (la petrolera estatal), empresarios privados y a funcionarios del gobierno. De lo que resulte de las investigaciones y de lo que decida después el Congreso, la presidente podrá ser llevada a juicio político.

Independencia de la Justicia

A diferencia de otras dificultades que le ha tocado sortear a la presidente en estos últimos años -como la grave crisis económica y social previa al mundial de futbol-, en esta ocasión no está demostrando una buena cintura política. Será que esta vez las imputaciones son realmente graves y ciertas. Los 68 puntos de desaprobación que está midiendo su gobierno tampoco le dan mucho margen de maniobra.

Al parecer, hasta el momento, a diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, en el Brasil no se ha cumplido aquello de “hecha la ley, hecha la trampa”, y Los organismos autárquicos de contralor parecen funcionar según lo estipulado por la constitución Nacional y gozar de buena salud. Las causas por corrupción avanzan y, tanto empresarios como funcionarios, terminan en la cárcel si se comprueba su culpabilidad.

El artículo 71 de la Constitución del Brasil especifica que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) es una institución con autonomía administrativa, financiera y organizacional que no está ligada a ningún poder del Estado. Es un organismo totalmente independiente que ejerce una función impuesta por el pueblo.

A pesar de los desvelos del gobierno, la justicia brasileña parece avanzar sin pausa en todos los frentes. Las pericias judiciales –y policiales- alcanzan tanto a empleados del gobierno como empresarios. En los últimos días, el análisis de los datos almacenados en el teléfono celular del empresario Marcelo Odebrecht, presidente de Odebrecht S.A.,  está revelando a la justicia una enorme trama de sobornos, tráfico de influencia y coimas entre funcionarios, empresas estatales y empresarios privados.

El Tribunal (TCU) podría rechazar las cuentas del primer gobierno de Rousseff y elevar ese dictamen al Congreso y, de ser confirmado ese rechazo por el Parlamento, la presidente podría ser llevada a juicio político. Esto no sólo puede termina en su destitución, sino en una grave crisis institucional.

Inácio Lula da Silva, en estas últimas horas, insiste en convocar a Fernando Henrique Cardoso para pactar entre los dos una salida decorosa o, al menos, aplacar la embestida del opositor PSDB ¿Un Pacto de Olivos a la brasileña? Ocurre que ya no son sólo las denuncias de la oposición y las variables macroeconómicas las que afectan al gobierno. El incremento del desempleo producido por una fuerte caída de la actividad y el desplome de la recaudación, unidas a una creciente inflación, están sumándose a los problemas de pérdida de credibilidad cuya causa son, principalmente y a pesar de todo –programa de ajuste incluido-, las actuaciones por corrupción.

Agitar fantasmas del pasado

La presidente -en medio del escándalo de corrupción y preocupada por la ofensiva del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña) que intenta impugnar las elecciones en las que ella resultó ganadora-, ha conformado un poderoso equipo de abogados que tienen, como principal objetivo, evitar que el Tribunal Superior Electoral (PSE) logre comprobar que hubo aportes de campaña hechos por privados; que fue, en realidad, dinero desviado de Petrobras para financiar pasadas elecciones. Dinero ilegal.

Otra misión, no menos importante de este particular equipo de crisis, es el de “pasar un peine fino” –como aseguró esta semana el Folha de Sao Paulo- para tratar de encontrar irregularidades en las cuentas de Aécio Neves, el candidato opositor (PSDB de Minas Gerais) en las pasadas elecciones y principal impulsor en el Congreso de las denuncias por corrupción que afectan al PT y a Rousseff. No hay mejor defensa que un buen ataque.

Pero Las cosas son mucho más complicadas aún. Existe la certeza de rompimiento de la coalición gobernante. El presidente de la Cámara de Diputados y aliado hasta hace muy poco, Eduardo Cunha (Movimiento Democrático Brasileño), decidirá en septiembre próximo si rompe su alianza con el PT de la Presidente. Para algunos es ya un hecho.

Como es costumbre en nuestra región, los políticos brasileños no pierden oportunidad para echar mano de argumentos añejos, trayendo a la memoria hechos lamentables del pasado y que todavía tienen fuerte impacto popular.

Hace muy poco le adjudicaron a Dilma Rousseff haber dicho: “no me voy a suicidar, no hago acuerdos y no voy a renunciar”, en clara alusión a los anteriores mandatarios Getúlio Vargas, João Goulart y Fernando Collor de Melo, quienes corrieron esas suertes alternativas en el pasado. Aunque su caso no es tan dramático porque, hasta aquí, es solamente comparable con el último de los aludidos. Lo que los organismos autárquicos tratan de probar es que existió corrupción política, a través del tráfico de influencia y el pago de sobornos.

Lo cierto es que Aécio Neves le dio letra al partido del gobierno para aferrarse a los miedos del pasado. Había afirmado, en los primeros días de julio, que no sabía si Dilma Rousseff iba a concluir su mandato presidencial. Al amparo de esa expresión, los líderes del PT han empezado a insinuar la sombra fantasmal de un golpe de Estado parlamentario.

Por cierto, acusar al PSDB de golpear las puertas de los cuarteles, cuando varios de sus miembros fueron encarcelados, perseguidos y exiliados durante gobiernos militares, no sonaba muy creíble. Un recurso que ya está quedando demodé. Tutto il mondo è paese, dirían los italianos. En todas partes se cuecen habas o, si les gusta más, conoce a tu pueblo y conocerás el mundo.

Emilio Luis Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la defensa nacional.

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