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Por Redacción
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Funcionarios y un empresario a juicio por coimas



Luego de la denuncia realizada por legisladores radicales sobre la existencia de coimas en la Casa de Gobierno, la Justicia mendocina decidió elevar a juicio la causa que involucra a altos funcionarios del período de Celso Jaque. Esta oscura operación habría ocurrido durante la gobernación del malargüino y está estrechamente vinculada a los sobreprecios en la publicidad oficial. En este caso están involucrados el ex funcionario Alejandro Cazabán, los voceros de prensa Ricardo Funes y Pablo Catania y el fotógrafo y empresario sanrafaelino Gustavo Matar.


El ex diputado provincial Daniel Dimartino, uno de los artífices de la denuncia, habló en FM 91.7 Estudio Cooperativa y ponderó la actitud firme de la Justicia, tras la determinación de la jueza de garantías Patricia Alonso que no dio lugar a las presentaciones hechas por la defensa de los procesados, por lo que la causa fue elevada a juicio oral.


Dimartino recordó que “la investigación realizada por el fiscal de delitos complejos Santiago Garay se hizo a instancias de denuncias realizadas en su momentos por legisladores provinciales del radicalismo mendocino”. Además, Dimartino aclaró que la defraudación se habría producido con publicidad del Gobierno superior a los $60 millones. El proceso ahora llevará a juicio oral a todos los imputados para determinar la veracidad de los hechos.


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Funcionarios y un empresario a juicio por coimas

Luego de la denuncia realizada por legisladores radicales sobre la existencia de coimas en la Casa de Gobierno, la Justicia mendocina decidió elevar a juicio la causa que involucra a altos funcionarios del período de Celso Jaque. Esta oscura operación habría ocurrido durante la gobernación del malargüino y está estrechamente vinculada a los sobreprecios en la publicidad oficial. En este caso están involucrados el ex funcionario Alejandro Cazabán, los voceros de prensa Ricardo Funes y Pablo Catania y el fotógrafo y empresario sanrafaelino Gustavo Matar.

El ex diputado provincial Daniel Dimartino, uno de los artífices de la denuncia, habló en FM 91.7 Estudio Cooperativa y ponderó la actitud firme de la Justicia, tras la determinación de la jueza de garantías Patricia Alonso que no dio lugar a las presentaciones hechas por la defensa de los procesados, por lo que la causa fue elevada a juicio oral.

Dimartino recordó que “la investigación realizada por el fiscal de delitos complejos Santiago Garay se hizo a instancias de denuncias realizadas en su momentos por legisladores provinciales del radicalismo mendocino”. Además, Dimartino aclaró que la defraudación se habría producido con publicidad del Gobierno superior a los $60 millones. El proceso ahora llevará a juicio oral a todos los imputados para determinar la veracidad de los hechos.

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