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Esta convulsionada Mendoza merece ¡Verdad!
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Por Redacción

Esta convulsionada Mendoza merece ¡Verdad!



¡Cuán difícil se ha transformado el clima social e institucional de la provincia! Y esa es la primera verdad que nadie puede negar. Es más, se constituye en la primera verdad que coinciden sectores en pugna que movilizan la defensa de una parte importante de Mendoza, por un lado y de toda la provincia, por otro. Esta última, la segunda e indiscutible verdad. De allí en más el ciudadano con preocupante estupor observa y convive en una convulsionada provincia ante un escenario de “fuerte puja” entre los trabajadores estatales y la administración de Alfredo Cornejo. Cada uno con argumentos de peso dice lo suyo, por lo que hasta ahora no ha habido punto de encuentro. Ni para ponderar las dos verdades manifiestas que harían que se pueda acordar soluciones que hasta ahora son difíciles de vislumbrar, mucho menos cristalizar.


El gobierno del Frente Cambia Mendoza tiene sobre sí el respaldo de un alto porcentaje de ciudadanos que lo votaron en cada una de las PASO y generales llevadas a cabo en el maratónico año electoral 2015. Un aspecto que encierra el maduro mensaje de la ciudadanía que se cansó de gobernaciones y presidencias que cometieron intencionales atropellos: institucionales, a sus libertades públicas, a su pensamiento y a su modo de vida. Además de la severa lesión a su estándar de vida. En definitiva, ciudadanos que votaron un “cambio” que devuelva la división de poderes, el respeto a la gente y sus opiniones. Recuperando esencialmente “el AMPLIO diálogo interrumpido con sectario descaro”.


Pero también la administración de Alfredo Cornejo tiene sobre si la responsabilidad del achicamiento de una abultada deuda que heredó del “irresponsable accionar gubernativo de Celso Jaque primero, Francisco Pérez, después”. Deuda que supera los 26 mil millones de pesos. Cifra de la que se desprenden 10 mil millones de corto plazo, es decir con “mínimo tiempo a saldar”. Además de una tesorería que estaba en 2.800 millones de pesos en rojo. Todo esto implicaba grave resentimiento de los sistemas de salud, educación y parálisis en la poca obra pública. A propósito, proveedores y concesionarios de obra habían esperado un exagerado tiempo para que se abonen esas deudas que ha tenido que comenzar a saldar la actual administración. Para completar el complejo panorama, había sueldos y aguinaldo de noviembre y diciembre del 2015 que debían abonarse. Mientras aparecían nichos oscuros que tuvo que investigar la Auditoria General de la Nación, donde, entre otras cuestiones, habían 1.300 millones de pesos de una denominada “deuda no declarada” (¿?).


El panorama de los trabajadores estatales no era (ni es) menos complejo. Porque estamos hablando de un campo laboral donde el abuso y deterioro vino de la mano de “san política” como no podía ser de otra manera. Una estructura estatal que sirvió para acomodar amigos, familiares, punteros políticos. Sistema enviciado que violó (¿viola?) además toda normativa que encierran las leyes laborales que rigen en el país. Esto último se hizo con total descaro para mantener con “cautiverio intencional y disciplinado” a miles de empleados a los que se los colocaba en situación de contratados monotributistas (¿?). Trabajadores a los que en muchos casos muy poco se los evaluaba y valoraba por sus capacidades, sino por sus “obediencias partidarias o sus silencios, si no coincidían con el color político de turno”. Este último punto es un claro muestrario para entender porque el organismo de control laboral, como es la Subsecretaría de Trabajo no ha cumplido con su rol. Organismo que por su negligencia manifiesta ha transformado esta tierra en el símbolo nacional del empleo en negro, de la esclavitud laboral de cientos de campesinos y del empleo infantil


Pero aún así y más allá de todo lo expresado los estatales cumplieron y cumplen con esa acción vital que tienen docentes, médicos, judiciales, recaudadores y/o defensores de los intereses ciudadanos, entre otras áreas del estado. Trabajadores que como sus pares del sector privado vienen soportando el grave tramo económico, financiero, social y laboral que imperó en el país. Aspecto del que cuesta mucho salir, sobre todo con un proceso inflacionario que carcome aún más el deprimido salario de los empleados. Inflación que aún es “irresponsablemente alimentada por una corporación empresaria” que hace uso y abuso de los precios de los elementos que constituyen la canasta básica de los alimentos.


Algunos meses atrás informes responsables decían que un trabajador debía obtener un mínimo de 6 mil pesos de salario de bolsillo para no caer por debajo de la línea de la pobreza. Cifra que hoy está superada ampliamente con esa inflación que en un año ha crecido más de un 31 % y que ha solo 3 meses en lo que va el 2016 se dirige a un temible 41 %. Lo que implicaría todo esto, que para que un trabajador no caiga por debajo de la línea de la pobreza debe ganar un mínimo de 16 mil pesos. Por eso en nuestra provincia docentes y el resto de los estatales muestran con preocupación sueldos que oscilan entre los 12 mil y 8 mil sueldos de bolsillo, a los que solo se les ofrece porcentajes de aumentos salariales que oscilan entre el 25 % y el 32%


En ese contexto el actual gobierno mendocino y los trabajadores estatales se sientan en paritarias a intentar un entendimiento. Tramo que fracasó en primera instancia y que ha derivado en un preocupante conflicto de imprevisibles consecuencias. Conflicto que deja al descubierto la caída de la ley de paritarias en la provincia, el protagonismo político partidario de coincidencias de dos poderes (Legislativo y Ejecutivo) y la mirada de entrada en acción del tercero (Judicial), si las partes lesionadas a él concurren.


Un conflicto que hasta ahora NO tiene diálogo. Donde los cruces han sido tan duros, como innecesarios.


Un conflicto que no permite ver hasta qué punto la actual administración provincial necesita la asistencia de la nación y adelantos de coparticipación. Hasta ahora Buenos Aires le ha enviado a Alfredo Cornejo 1.800 millones de pesos. También saber si Mendoza debe continuar endeudándose con el Banco Nación y con otros organismos crediticios. Además de saber si en esta situación con toda la ayuda externa, la provincia se recupera o profundiza su panorama.


Un conflicto que no permite saber hasta qué punto el trabajador estatal puede estirar el magro salario con un porcentaje que no sea “ese ideal” que observan respetados analistas económicos cuando hablan de lo que debería cobrar un empleado del estado.


Un conflicto que no permite observar sensatez, respeto y sentido común. Y si, lamentablemente, un preocupante cono de sombra que podría llegar a trastocar la paz social de la provincia. Algo que en este estado provincial cuyano NADIE en su sano juicio quiere. Salvo, claro está, que el autoritarismo y sectarias cegueras, no permitan luz de claridad, que es nada más y nada menos esa verdad que Mendoza merece.



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Esta convulsionada Mendoza merece ¡Verdad!

¡Cuán difícil se ha transformado el clima social e institucional de la provincia! Y esa es la primera verdad que nadie puede negar. Es más, se constituye en la primera verdad que coinciden sectores en pugna que movilizan la defensa de una parte importante de Mendoza, por un lado y de toda la provincia, por otro. Esta última, la segunda e indiscutible verdad. De allí en más el ciudadano con preocupante estupor observa y convive en una convulsionada provincia ante un escenario de “fuerte puja” entre los trabajadores estatales y la administración de Alfredo Cornejo. Cada uno con argumentos de peso dice lo suyo, por lo que hasta ahora no ha habido punto de encuentro. Ni para ponderar las dos verdades manifiestas que harían que se pueda acordar soluciones que hasta ahora son difíciles de vislumbrar, mucho menos cristalizar.

El gobierno del Frente Cambia Mendoza tiene sobre sí el respaldo de un alto porcentaje de ciudadanos que lo votaron en cada una de las PASO y generales llevadas a cabo en el maratónico año electoral 2015. Un aspecto que encierra el maduro mensaje de la ciudadanía que se cansó de gobernaciones y presidencias que cometieron intencionales atropellos: institucionales, a sus libertades públicas, a su pensamiento y a su modo de vida. Además de la severa lesión a su estándar de vida. En definitiva, ciudadanos que votaron un “cambio” que devuelva la división de poderes, el respeto a la gente y sus opiniones. Recuperando esencialmente “el AMPLIO diálogo interrumpido con sectario descaro”.

Pero también la administración de Alfredo Cornejo tiene sobre si la responsabilidad del achicamiento de una abultada deuda que heredó del “irresponsable accionar gubernativo de Celso Jaque primero, Francisco Pérez, después”. Deuda que supera los 26 mil millones de pesos. Cifra de la que se desprenden 10 mil millones de corto plazo, es decir con “mínimo tiempo a saldar”. Además de una tesorería que estaba en 2.800 millones de pesos en rojo. Todo esto implicaba grave resentimiento de los sistemas de salud, educación y parálisis en la poca obra pública. A propósito, proveedores y concesionarios de obra habían esperado un exagerado tiempo para que se abonen esas deudas que ha tenido que comenzar a saldar la actual administración. Para completar el complejo panorama, había sueldos y aguinaldo de noviembre y diciembre del 2015 que debían abonarse. Mientras aparecían nichos oscuros que tuvo que investigar la Auditoria General de la Nación, donde, entre otras cuestiones, habían 1.300 millones de pesos de una denominada “deuda no declarada” (¿?).

El panorama de los trabajadores estatales no era (ni es) menos complejo. Porque estamos hablando de un campo laboral donde el abuso y deterioro vino de la mano de “san política” como no podía ser de otra manera. Una estructura estatal que sirvió para acomodar amigos, familiares, punteros políticos. Sistema enviciado que violó (¿viola?) además toda normativa que encierran las leyes laborales que rigen en el país. Esto último se hizo con total descaro para mantener con “cautiverio intencional y disciplinado” a miles de empleados a los que se los colocaba en situación de contratados monotributistas (¿?). Trabajadores a los que en muchos casos muy poco se los evaluaba y valoraba por sus capacidades, sino por sus “obediencias partidarias o sus silencios, si no coincidían con el color político de turno”. Este último punto es un claro muestrario para entender porque el organismo de control laboral, como es la Subsecretaría de Trabajo no ha cumplido con su rol. Organismo que por su negligencia manifiesta ha transformado esta tierra en el símbolo nacional del empleo en negro, de la esclavitud laboral de cientos de campesinos y del empleo infantil

Pero aún así y más allá de todo lo expresado los estatales cumplieron y cumplen con esa acción vital que tienen docentes, médicos, judiciales, recaudadores y/o defensores de los intereses ciudadanos, entre otras áreas del estado. Trabajadores que como sus pares del sector privado vienen soportando el grave tramo económico, financiero, social y laboral que imperó en el país. Aspecto del que cuesta mucho salir, sobre todo con un proceso inflacionario que carcome aún más el deprimido salario de los empleados. Inflación que aún es “irresponsablemente alimentada por una corporación empresaria” que hace uso y abuso de los precios de los elementos que constituyen la canasta básica de los alimentos.

Algunos meses atrás informes responsables decían que un trabajador debía obtener un mínimo de 6 mil pesos de salario de bolsillo para no caer por debajo de la línea de la pobreza. Cifra que hoy está superada ampliamente con esa inflación que en un año ha crecido más de un 31 % y que ha solo 3 meses en lo que va el 2016 se dirige a un temible 41 %. Lo que implicaría todo esto, que para que un trabajador no caiga por debajo de la línea de la pobreza debe ganar un mínimo de 16 mil pesos. Por eso en nuestra provincia docentes y el resto de los estatales muestran con preocupación sueldos que oscilan entre los 12 mil y 8 mil sueldos de bolsillo, a los que solo se les ofrece porcentajes de aumentos salariales que oscilan entre el 25 % y el 32%

En ese contexto el actual gobierno mendocino y los trabajadores estatales se sientan en paritarias a intentar un entendimiento. Tramo que fracasó en primera instancia y que ha derivado en un preocupante conflicto de imprevisibles consecuencias. Conflicto que deja al descubierto la caída de la ley de paritarias en la provincia, el protagonismo político partidario de coincidencias de dos poderes (Legislativo y Ejecutivo) y la mirada de entrada en acción del tercero (Judicial), si las partes lesionadas a él concurren.

Un conflicto que hasta ahora NO tiene diálogo. Donde los cruces han sido tan duros, como innecesarios.

Un conflicto que no permite ver hasta qué punto la actual administración provincial necesita la asistencia de la nación y adelantos de coparticipación. Hasta ahora Buenos Aires le ha enviado a Alfredo Cornejo 1.800 millones de pesos. También saber si Mendoza debe continuar endeudándose con el Banco Nación y con otros organismos crediticios. Además de saber si en esta situación con toda la ayuda externa, la provincia se recupera o profundiza su panorama.

Un conflicto que no permite saber hasta qué punto el trabajador estatal puede estirar el magro salario con un porcentaje que no sea “ese ideal” que observan respetados analistas económicos cuando hablan de lo que debería cobrar un empleado del estado.

Un conflicto que no permite observar sensatez, respeto y sentido común. Y si, lamentablemente, un preocupante cono de sombra que podría llegar a trastocar la paz social de la provincia. Algo que en este estado provincial cuyano NADIE en su sano juicio quiere. Salvo, claro está, que el autoritarismo y sectarias cegueras, no permitan luz de claridad, que es nada más y nada menos esa verdad que Mendoza merece.

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