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Por Redacción

En la Penitenciaría de Mendoza hay 700 presos que trabajan



Eduardo Orellana, titular del Servicio Penitenciario de Mendoza, explicó esta mañana en un programa radial cuál es la situación en Mendoza de los internos de los penales, tras conocerse la noticia de que a nivel nacional hay un sindicato de presos que cobran sueldo, y ahora reclaman aguinaldo y vacaciones.


En este sentido, Orellana dijo que “en la Penitenciaría de Mendoza hay aproximadamente 700 personas que cumplen tareas de trabajo en los penales en jornadas de cuatro horas, por las que tienen dos tipos de remuneración: a destajo, con un porcentaje de lo que producen, y con jornal en tareas propias de mantenimiento que demanda la prisión o en la elaboración de productos que se ponen a la venta”.


Al referirse a lo ocurrido a nivel nacional, el funcionario explicó: “Lo que ha fallado a nivel nacional es ni más ni menos que lo que la Ley de Penitenciaría Nacional 24660 lo dice desde el ’96. La ley, cuando habla que las personas que trabajan en las prisiones tienen los mismos derechos que las personas que trabajamos en la vida libre –incluso le reconoce que el salario debería ser el equivalente a las tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil en caso de que trabaje para el Estado o completo si es para empresas privadas– dice que es un derecho; en consecuencia lo que ahora dice es ‘si lo consideramos un trabajador tiene los mismos derechos que cualquier trabajador’ y acá aparece el tema vacaciones y aguinaldo, que se vuelve polémico pero en realidad es algo que está escrito desde el ’96.


En cuanto a las remuneraciones que perciben en los penales mendocinos, explicó que “a destajo hablamos de casi 2 mil pesos (tiene mucho que ver con el valor del producto del que se llevan un porcentaje) y en caso de jornales, 800 pesos. En el equipo de trabajo, después hay personas que hacen trabajos de limpieza de espacios comunes, que por eso no se paga, y otras que hacen artesanías y viven de lo que vendan”.


“En el caso de los 2 mil pesos, primero hay que ver si durante la trascendencia del juicio se lo condenó a pagar costas y si es así se le tiene que ir descontando el 10% hasta que se cubra el monto de la costa. Después hay que ver si hay cuestiones relacionadas con cuotas alimentarias, también se le descuente, de no haber esos descuentos engrosa su haber mensual donde él tiene que disponer una persona de su entorno familiar para que retire el dinero porque en las prisiones no pueden tener dinero. Después queda una reserva que es para cuando recupere su libertad y tenga un monto para reiniciar su vida, que ocasionalmente lo puede utilizar si él manifiesta situación y el juez de Ejecución entienda que justifica adelantarle algo de ese dinero, por ejemplo, en época de inicio de clases piden dinero para comprar zapatillas, útiles para sus hijos”, aclaró Orellana.


Finalmente, explicó que “hay dos ejes muy fuertes sobre los que se trabaja, educación y trabajo. Tenemos casi el 60% comprendido en esos campos, sobre todo en la educación, al punto de tener hasta carreras universitarias. Después tenemos un 30 o 35% de personas que o bien están llegando a la cárcel o se están adaptando –está claro que nadie llega a la cárcel y pide al otro día trabajar–, y después hay un 10 o 12% que son personas a las que no les interesa ni trabajar ni estudiar, que son los que generalmente nos ocasionan episodios de inseguridad.


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En la Penitenciaría de Mendoza hay 700 presos que trabajan

Eduardo Orellana, titular del Servicio Penitenciario de Mendoza, explicó esta mañana en un programa radial cuál es la situación en Mendoza de los internos de los penales, tras conocerse la noticia de que a nivel nacional hay un sindicato de presos que cobran sueldo, y ahora reclaman aguinaldo y vacaciones.

En este sentido, Orellana dijo que “en la Penitenciaría de Mendoza hay aproximadamente 700 personas que cumplen tareas de trabajo en los penales en jornadas de cuatro horas, por las que tienen dos tipos de remuneración: a destajo, con un porcentaje de lo que producen, y con jornal en tareas propias de mantenimiento que demanda la prisión o en la elaboración de productos que se ponen a la venta”.

Al referirse a lo ocurrido a nivel nacional, el funcionario explicó: “Lo que ha fallado a nivel nacional es ni más ni menos que lo que la Ley de Penitenciaría Nacional 24660 lo dice desde el ’96. La ley, cuando habla que las personas que trabajan en las prisiones tienen los mismos derechos que las personas que trabajamos en la vida libre –incluso le reconoce que el salario debería ser el equivalente a las tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil en caso de que trabaje para el Estado o completo si es para empresas privadas– dice que es un derecho; en consecuencia lo que ahora dice es ‘si lo consideramos un trabajador tiene los mismos derechos que cualquier trabajador’ y acá aparece el tema vacaciones y aguinaldo, que se vuelve polémico pero en realidad es algo que está escrito desde el ’96.

En cuanto a las remuneraciones que perciben en los penales mendocinos, explicó que “a destajo hablamos de casi 2 mil pesos (tiene mucho que ver con el valor del producto del que se llevan un porcentaje) y en caso de jornales, 800 pesos. En el equipo de trabajo, después hay personas que hacen trabajos de limpieza de espacios comunes, que por eso no se paga, y otras que hacen artesanías y viven de lo que vendan”.

“En el caso de los 2 mil pesos, primero hay que ver si durante la trascendencia del juicio se lo condenó a pagar costas y si es así se le tiene que ir descontando el 10% hasta que se cubra el monto de la costa. Después hay que ver si hay cuestiones relacionadas con cuotas alimentarias, también se le descuente, de no haber esos descuentos engrosa su haber mensual donde él tiene que disponer una persona de su entorno familiar para que retire el dinero porque en las prisiones no pueden tener dinero. Después queda una reserva que es para cuando recupere su libertad y tenga un monto para reiniciar su vida, que ocasionalmente lo puede utilizar si él manifiesta situación y el juez de Ejecución entienda que justifica adelantarle algo de ese dinero, por ejemplo, en época de inicio de clases piden dinero para comprar zapatillas, útiles para sus hijos”, aclaró Orellana.

Finalmente, explicó que “hay dos ejes muy fuertes sobre los que se trabaja, educación y trabajo. Tenemos casi el 60% comprendido en esos campos, sobre todo en la educación, al punto de tener hasta carreras universitarias. Después tenemos un 30 o 35% de personas que o bien están llegando a la cárcel o se están adaptando –está claro que nadie llega a la cárcel y pide al otro día trabajar–, y después hay un 10 o 12% que son personas a las que no les interesa ni trabajar ni estudiar, que son los que generalmente nos ocasionan episodios de inseguridad.

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