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Por Redacción

Detenidos por fumar porro, caros para el Estado



La provincia de Mendoza pierde entre 40 y 50 millones de pesos por año en abrir causas judiciales contra consumidores de drogas blandas, como la marihuana. Detener a una persona bajo el ordenamiento que impone la vieja y desactualizada Ley Federal de Drogas, implica para el Estado un costo aproximado de $30 mil, solo si la causa no prospera. En caso de que el litigio penal se extienda en el tiempo y/o el acusado no tenga la posibilidad de contratar una defensa, los costos, (con origen en la detención policial), pueden superar los $80 mil por episodio.

A la problemática de corte económico y material se le suma otra realidad atada a la criminalización de un eventual adicto. Es sabido que un adicto es una persona enferma que necesita lograr rehabilitarse en una granja de recuperación y no en una cárcel común. Lo peor del caso en este punto es que el Estado, además de costear los gastos que demandan los procesos, también se tiene que hacer cargo de todos los juicios por tenencia o consumo de drogas, que en su mayoría son ganados por el acusado de fumar o cultivar marihuana.


Leyes viejas

De acuerdo a un informe estadístico realizado por la Procuración General de la Nación (organismo extra-poder, no pertenece ni al Ejecutivo ni al Legislativo), en casos iniciados por estupefacientes durante 2013, el 45% de las causas locales por infracción a la ley 23.737 (la conocida Ley Federal de Drogas), son por tenencia para consumo personal (artículo 14).


En términos absolutos, los números delinean con certeza una situacdión preocupante: de un total de 27.599 investigaciones abiertas en todas las jurisdicciones federales del Ministerio Público el año pasado, 9.414 (38%) están destinadas a perseguir a quienes han sido detenidos con sustancias que “por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”, según tipifica la ley. Es decir, a los consumidores, a los perejiles.


En términos más accesibles, casi la mitad de los detenidos bajo la ley de drogas actual tenían  de 3 a 4 gramos de THC (tetrahidrocanabinol), lo que la ley considera para consumo personal.


La Mendoza lamentable

Lejos de ocupar recursos y energías persiguir ladrones (este delito creció 32% durante el 2014), asesinos o violadores, la Policía de Mendoza pierde su tiempo en fumadores de plaza. En el ranking de persecución por tenencia para consumo (estadísticas también incluídas en el informe de la Procupación General de la Nación),Mendoza lleva una clara delantera: de 3.603 causas judiciales, 2.143 se refieren a personas que tenían de 3 a 4 gramos, o sea de 3 a 4 porros, o menos.


La cifra, escandalosa, muestra que un 60,7% de las investigaciones de la Justicia mendocina están destinadas a perseguir a consumidores menores. “Es una jurisdicción notable porque podés ver dentro de las tres provincias de Cuyo el distinto abordaje de lo que mira cada policía”, dijo Félix Crous, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) perteneciente al organismo procurador anteriormente mencionado.


En el desglose departamental los municpios que más arrestaron amparándose en un artículo que hace 43 años que no se actualiza, son San Rafael, Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén y Ciudad de Mendoza, en ese orden. Para Crous, una de las falencias más grandes de la Justicia federal a la hora de investigar y combatir el narcotráfico, es la negación a investigar la verdadera ruta del dinero criminal y no el “destino final de dos o tres dosis”. “Al margen de la complejidad del fenómeno, muchos jueces y fiscales tienen una mirada primitiva sobre este delito, y no se apunta a la razón de ser del negocio, que es la ganancia, y cómo los bienes mal habidos tienen que blanquearse como bienes de apariencia lícita”, concluyó Crous./ Orlando Tirapu


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Detenidos por fumar porro, caros para el Estado

La provincia de Mendoza pierde entre 40 y 50 millones de pesos por año en abrir causas judiciales contra consumidores de drogas blandas, como la marihuana. Detener a una persona bajo el ordenamiento que impone la vieja y desactualizada Ley Federal de Drogas, implica para el Estado un costo aproximado de $30 mil, solo si la causa no prospera. En caso de que el litigio penal se extienda en el tiempo y/o el acusado no tenga la posibilidad de contratar una defensa, los costos, (con origen en la detención policial), pueden superar los $80 mil por episodio.
A la problemática de corte económico y material se le suma otra realidad atada a la criminalización de un eventual adicto. Es sabido que un adicto es una persona enferma que necesita lograr rehabilitarse en una granja de recuperación y no en una cárcel común. Lo peor del caso en este punto es que el Estado, además de costear los gastos que demandan los procesos, también se tiene que hacer cargo de todos los juicios por tenencia o consumo de drogas, que en su mayoría son ganados por el acusado de fumar o cultivar marihuana.
Leyes viejas
De acuerdo a un informe estadístico realizado por la Procuración General de la Nación (organismo extra-poder, no pertenece ni al Ejecutivo ni al Legislativo), en casos iniciados por estupefacientes durante 2013, el 45% de las causas locales por infracción a la ley 23.737 (la conocida Ley Federal de Drogas), son por tenencia para consumo personal (artículo 14).
En términos absolutos, los números delinean con certeza una situacdión preocupante: de un total de 27.599 investigaciones abiertas en todas las jurisdicciones federales del Ministerio Público el año pasado, 9.414 (38%) están destinadas a perseguir a quienes han sido detenidos con sustancias que “por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”, según tipifica la ley. Es decir, a los consumidores, a los perejiles.
En términos más accesibles, casi la mitad de los detenidos bajo la ley de drogas actual tenían  de 3 a 4 gramos de THC (tetrahidrocanabinol), lo que la ley considera para consumo personal.
La Mendoza lamentable
Lejos de ocupar recursos y energías persiguir ladrones (este delito creció 32% durante el 2014), asesinos o violadores, la Policía de Mendoza pierde su tiempo en fumadores de plaza. En el ranking de persecución por tenencia para consumo (estadísticas también incluídas en el informe de la Procupación General de la Nación),Mendoza lleva una clara delantera: de 3.603 causas judiciales, 2.143 se refieren a personas que tenían de 3 a 4 gramos, o sea de 3 a 4 porros, o menos.
La cifra, escandalosa, muestra que un 60,7% de las investigaciones de la Justicia mendocina están destinadas a perseguir a consumidores menores. “Es una jurisdicción notable porque podés ver dentro de las tres provincias de Cuyo el distinto abordaje de lo que mira cada policía”, dijo Félix Crous, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) perteneciente al organismo procurador anteriormente mencionado.
En el desglose departamental los municpios que más arrestaron amparándose en un artículo que hace 43 años que no se actualiza, son San Rafael, Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén y Ciudad de Mendoza, en ese orden. Para Crous, una de las falencias más grandes de la Justicia federal a la hora de investigar y combatir el narcotráfico, es la negación a investigar la verdadera ruta del dinero criminal y no el “destino final de dos o tres dosis”. “Al margen de la complejidad del fenómeno, muchos jueces y fiscales tienen una mirada primitiva sobre este delito, y no se apunta a la razón de ser del negocio, que es la ganancia, y cómo los bienes mal habidos tienen que blanquearse como bienes de apariencia lícita”, concluyó Crous./ Orlando Tirapu

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