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Por Redacción

Críticas del CELS al proyecto sobre Inteligencia



El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacó los “cambios valiosos” admitidos por el oficialismo en el proyecto de reforma del sistema de inteligencia nacional, aunque advirtió que “no resuelven graves problemas de fondo”. “Del análisis del dictamen que modificó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo surge que se realizaron algunos cambios valiosos, pero no los suficientes como para solucionar algunos de los problemas de fondo identificados”, sostuvo la entidad presidida por el periodista Horacio Verbitsky:


En ese sentido, subrayó que “el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia Nacional no logra cumplir con uno de los aspectos centrales previstos en el acuerdo: transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de Inteligencia y facilitar el acceso a información de inteligencia por los jueces en casos de investigaciones criminales, particularmente en hechos de terrorismo”.


Asimismo, a través de un comunicado, señaló que el proyecto “no modifica” el artículo “que permite que la agencia de inteligencia realice investigaciones criminales a pedido de un juez”. “Este artículo habilitó que durante todos estos años se cuele la actuación de la Secretaría de Inteligencia en cualquier causa judicial como auxiliar de la justicia, lo que alimentó la relación promiscua con sectores importantes de la justicia federal. Si se sostiene esta posibilidad, fracasarán los objetivos de la reforma”, criticó el CELS.


También consideró “equivocado sacar del Subsistema de Inteligencia Criminal, a cargo del Ministerio de Seguridad, la producción de inteligencia orientada a los fenómenos de criminalidad compleja enunciados en el proyecto como expresión de las nuevas amenazas “. “La función de producir inteligencia con medios propios profundizará sus vínculos con las agencias de inteligencia extranjeras que son las que definen los fenómenos criminales transnacionales que repercuten luego en la definición de nuestra política criminal”, explicó el organismo.


Respecto del cambio de órbita del sistema de escuchas, el CELS aseguró que “se debería distinguir entre las escuchas realizadas para producir prueba en investigaciones criminales iniciadas, de aquellas orientadas a la actividad de inteligencia nacional. Corresponde que estas queden en el ámbito del Poder Ejecutivo”.


En cuanto a los gastos reservados, afirmaron que “el proyecto no incorpora nuevas herramientas de gobierno político y control que sean suficientes y eficaces”.


Finalmente, el CELS subrayó que “el saludable debate iniciado no debería clausurarse a las apuradas, con algunas enmiendas valiosas pero sin modificar las cuestiones de fondo que condujeron a la autonomización de ese sistema y a su relación perversa con jueces y fiscales”. “Una reforma que quedara a mitad de camino y no obturará la comunicación promiscua entre los sistemas judicial y de Inteligencia constituiría una frustración democrática que la Argentina está a tiempo de evitar”, concluyó.


El Centro de Estudios Legales y Sociales había participado el pasado miércoles del debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, situación en la cual había varias propuesto modificaciones, algunas de las cuales sí habían sido aceptados pero otras no.


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Críticas del CELS al proyecto sobre Inteligencia

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacó los “cambios valiosos” admitidos por el oficialismo en el proyecto de reforma del sistema de inteligencia nacional, aunque advirtió que “no resuelven graves problemas de fondo”. “Del análisis del dictamen que modificó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo surge que se realizaron algunos cambios valiosos, pero no los suficientes como para solucionar algunos de los problemas de fondo identificados”, sostuvo la entidad presidida por el periodista Horacio Verbitsky:

En ese sentido, subrayó que “el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia Nacional no logra cumplir con uno de los aspectos centrales previstos en el acuerdo: transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de Inteligencia y facilitar el acceso a información de inteligencia por los jueces en casos de investigaciones criminales, particularmente en hechos de terrorismo”.

Asimismo, a través de un comunicado, señaló que el proyecto “no modifica” el artículo “que permite que la agencia de inteligencia realice investigaciones criminales a pedido de un juez”. “Este artículo habilitó que durante todos estos años se cuele la actuación de la Secretaría de Inteligencia en cualquier causa judicial como auxiliar de la justicia, lo que alimentó la relación promiscua con sectores importantes de la justicia federal. Si se sostiene esta posibilidad, fracasarán los objetivos de la reforma”, criticó el CELS.

También consideró “equivocado sacar del Subsistema de Inteligencia Criminal, a cargo del Ministerio de Seguridad, la producción de inteligencia orientada a los fenómenos de criminalidad compleja enunciados en el proyecto como expresión de las nuevas amenazas “. “La función de producir inteligencia con medios propios profundizará sus vínculos con las agencias de inteligencia extranjeras que son las que definen los fenómenos criminales transnacionales que repercuten luego en la definición de nuestra política criminal”, explicó el organismo.

Respecto del cambio de órbita del sistema de escuchas, el CELS aseguró que “se debería distinguir entre las escuchas realizadas para producir prueba en investigaciones criminales iniciadas, de aquellas orientadas a la actividad de inteligencia nacional. Corresponde que estas queden en el ámbito del Poder Ejecutivo”.

En cuanto a los gastos reservados, afirmaron que “el proyecto no incorpora nuevas herramientas de gobierno político y control que sean suficientes y eficaces”.

Finalmente, el CELS subrayó que “el saludable debate iniciado no debería clausurarse a las apuradas, con algunas enmiendas valiosas pero sin modificar las cuestiones de fondo que condujeron a la autonomización de ese sistema y a su relación perversa con jueces y fiscales”. “Una reforma que quedara a mitad de camino y no obturará la comunicación promiscua entre los sistemas judicial y de Inteligencia constituiría una frustración democrática que la Argentina está a tiempo de evitar”, concluyó.

El Centro de Estudios Legales y Sociales había participado el pasado miércoles del debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, situación en la cual había varias propuesto modificaciones, algunas de las cuales sí habían sido aceptados pero otras no.

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