Entidades comerciales locales y legisladores mendocinos apuntan a que se terminen las odiosas esperas en las cajas.
Uno de los momentos de mayor irritación de los compradores de súper e hipermercados, más allá del lógico enojo por el incremento incesante de los precios, es el que se vive cuando se llega a la caja para pagar, porque aunque uno se esmere en elegir “la más rápida” o “la ecológica, porque no va nadie” o la de menos carritos, inevitablemente terminará demorándose.
Las razones pueden ser varias. El pago con tarjeta o las dificultades para leer el código de barras, entre varias más. O la lentitud del personal.
Pero en pocas ocasiones las voces se exaltan y muestran su indignación y, en la mayoría de los casos, el silencio se vuelve cómplice de tal demora, aunque algo puede cambiar.
Incitación al debate
Es cierto que hay sectores que pueden tener intereses creados, como lo es la Federación Económica de Mendoza (FEM), entidad que reúne a representantes de cámaras comerciales e industriales locales, pero su intención es al menos “entablar el debate”.
Así lo manifestó la organización al decir: “Como ciudadanos no podemos permitir que se nos quite hasta una hora en algunos casos, en la cola de un súper o hipermercado”.
Por eso la FEM cree que es “urgente” que la sociedad “haga valer su derecho”.
“No sólo se nos quita nuestro tiempo para otras actividades, sino que además se incumple con la normativa vigente”, agrega la entidad conducida por Adolfo Trípodi, en referencia a la legislación actual.
Según la FEM, la ley provincial (5.547) “es clara”, porque a su entender, “la cantidad de cajas de cobro está relacionada a la superficie total ocupada, pues a mayor cantidad de metros cuadrados, mayor número de cajas”. Si bien esto lo cumplen muchas empresas, no todas se utilizan porque “no tienen personal para ocuparlas”, agregó la entidad.
Un trato indigno
Pero no solo la legislación local puede incidir para hacer este reclamo. La misma Constitución nacional, en su artículo 42 plantea el “trato indigno” del que debe quedar a salvo cualquier consumidor. “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho (…) a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”, indica la Carta Magna.
La normativa nacional también apunta al problema. La Ley 24.240, de Defensa al Consumidor, plantea en su artículo 5, capítulo de información y protección de la salud de los consumidores, que “las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios”.
Una interpretación, claramente puede ser que la espera en las cajas afecta a la integridad física o a la salud de los compradores.
Única salida
“Lo peor de todo es que el consumidor no tiene opciones. En todos los comercios de estas características pasa lo mismo”, señaló Mario Vadillo, de Protectora, entidad de defensa al consumidor, quien igualmente ensayó una salida. “Existe en cada comercio un libro de quejas y sugerencias que debe ser revisado por la Dirección de Defensa al Consumidor. Si todos los compradores se quejaran, algo tendría que pasar”, explicó.
Efectivamente, más allá de que ya la Legislatura analiza el problema en la comisión de Economía del Senado, por ahora sólo está la queja colectiva. Si todos los consumidores exigen organizadamente el cambio, tal vez se concrete.
