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China redobla sus condenas por “terrorismo” y aumenta la censura de internet
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Por Redacción

China redobla sus condenas por “terrorismo” y aumenta la censura de internet



Coincidiendo con la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular, el autoritario régimen chino ha endurecido la “represión”, reforzando la censura en internet y doblando las condenas por “actitud separatista”.


Como ocurrió el año pasado durante estas mismas fechas, la “Gran Muralla” cibernética ha bloqueado las conexiones de pago a servidores extranjeros, conocidas como VPN, que eran ampliamente utilizadas para acceder a páginas web como Youtube, Facebook o Twitter. Dicho bloqueo afecta a empresarios, científicos, periodistas, turistas y, en definitiva, a todo aquel que quiera entrar en portales de internet no controlados por Pekín o con información sensible para el régimen. Debido a los perjuicios que esta censura causa a sus negocios, las cámaras de comercio extranjeras presentes en China ya protestaron el año pasado, pero sus quejas han caído en el olvido.


A tenor de los datos del Tribunal Supremo presentados este pasado domingo a la Asamblea Nacional, el año pasado fueron condenadas más de 1.400 personas por terrorismo y actividades separatistas, el doble que en 2014. La represión se ha agudizado en las protestas de las regiones del Tíbet y Xinjiang, esta última de mayoría musulmana y donde cientos de personas han muerto en los últimos tiempos en atentados y enfrentamientos con la Policía. “El año pasado incrementamos nuestros esfuerzos para luchar contra quienes instigaron actividades secesionistas y dirigieron, organizaron o participaron en grupos terroristas que difundieron videos y mensajes subversivos”, explicó el presidente del Tribunal Supremo, Zhou Qiang, ante la Asamblea, el Parlamento orgánico del régimen chino donde la mayoría de sus 3.000 diputados pertenecen al Partido Comunista.


Según la memoria del Tribunal Supremo, 1.084 personas fueron condenadas por “violentos delitos terroristas” y otras 335 por “poner en peligro la seguridad nacional”, un concepto tan amplio que, a consideración de los grupos defensores de los derechos humanos, sirve para silenciar a los disidentes y críticos con el régimen.


El año pasado, las autoridades chinas lanzaron una agresiva campaña encarcelando a decenas de activistas políticos y abogados especializados en defender a disidentes, algunos de los cuales fueron forzados a confesar sus delitos en televisión tras permanecer durante meses aislados y sin contacto con sus familias.


El régimen aprobó el año pasado su primera ley antiterrorista y otra de seguridad que despiertan recelos por los amplios poderes que otorgan a la Policía y organismos de seguridad interna. Esta nueva regulación refuerza los controles del régimen sobre internet y restringe la información, ya que obliga a las empresas tecnológicas a develar sus claves de encriptado si la Policía se lo pide y prohíbe difundir noticias e imágenes de incidentes terroristas para “impedir su imitación”.


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China redobla sus condenas por “terrorismo” y aumenta la censura de internet

Coincidiendo con la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular, el autoritario régimen chino ha endurecido la “represión”, reforzando la censura en internet y doblando las condenas por “actitud separatista”.

Como ocurrió el año pasado durante estas mismas fechas, la “Gran Muralla” cibernética ha bloqueado las conexiones de pago a servidores extranjeros, conocidas como VPN, que eran ampliamente utilizadas para acceder a páginas web como Youtube, Facebook o Twitter. Dicho bloqueo afecta a empresarios, científicos, periodistas, turistas y, en definitiva, a todo aquel que quiera entrar en portales de internet no controlados por Pekín o con información sensible para el régimen. Debido a los perjuicios que esta censura causa a sus negocios, las cámaras de comercio extranjeras presentes en China ya protestaron el año pasado, pero sus quejas han caído en el olvido.

A tenor de los datos del Tribunal Supremo presentados este pasado domingo a la Asamblea Nacional, el año pasado fueron condenadas más de 1.400 personas por terrorismo y actividades separatistas, el doble que en 2014. La represión se ha agudizado en las protestas de las regiones del Tíbet y Xinjiang, esta última de mayoría musulmana y donde cientos de personas han muerto en los últimos tiempos en atentados y enfrentamientos con la Policía. “El año pasado incrementamos nuestros esfuerzos para luchar contra quienes instigaron actividades secesionistas y dirigieron, organizaron o participaron en grupos terroristas que difundieron videos y mensajes subversivos”, explicó el presidente del Tribunal Supremo, Zhou Qiang, ante la Asamblea, el Parlamento orgánico del régimen chino donde la mayoría de sus 3.000 diputados pertenecen al Partido Comunista.

Según la memoria del Tribunal Supremo, 1.084 personas fueron condenadas por “violentos delitos terroristas” y otras 335 por “poner en peligro la seguridad nacional”, un concepto tan amplio que, a consideración de los grupos defensores de los derechos humanos, sirve para silenciar a los disidentes y críticos con el régimen.

El año pasado, las autoridades chinas lanzaron una agresiva campaña encarcelando a decenas de activistas políticos y abogados especializados en defender a disidentes, algunos de los cuales fueron forzados a confesar sus delitos en televisión tras permanecer durante meses aislados y sin contacto con sus familias.

El régimen aprobó el año pasado su primera ley antiterrorista y otra de seguridad que despiertan recelos por los amplios poderes que otorgan a la Policía y organismos de seguridad interna. Esta nueva regulación refuerza los controles del régimen sobre internet y restringe la información, ya que obliga a las empresas tecnológicas a develar sus claves de encriptado si la Policía se lo pide y prohíbe difundir noticias e imágenes de incidentes terroristas para “impedir su imitación”.

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