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¿Censura a la prensa mendocina para NO hablar de inseguridad?
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Por Redacción

¿Censura a la prensa mendocina para NO hablar de inseguridad?



La ciudadanía mendocina observa con muchas expectativas todo ese paquete de medidas que entre los tres poderes del estado, se instrumentan, para comenzar a “agrietar” esa inexpugnable inseguridad. Medidas, pasos y acciones que la gente se entera cuando escucha, lee o mira el trabajo periodístico que al respecto se lleva a cabo con prioridad informativa. Esto último, porque el periodismo entiende que la inseguridad es un lamentable aspecto excluyente en la vida de la provincia de los últimos diez años. Del mismo modo, “esas otras investigaciones” que incumben a la justicia penal y que envuelven, por ejemplo, actos de corrupción en el estado. Algo, que también por el trabajo periodístico la justicia intervino y muchos temas están en correspondiente proceso. Aunque, a fuerza de ser sinceros hay casos que tienen “alarmante y preocupante” parálisis, como el sonado Matar – Cazabán.


Ante esto, lo que no sabe la gente es que el periodista debe caminar en el laberinto de la investigación judicial, policial y hasta en el medio de ese pestilente terreno del hampa. También de las presiones políticas para que oscuros puntos de la corrupción estatal no sean dados a conocer. Como sucedió en su momento con la investigación de prensa por los ticket vale más, la vuelta ciclística de Mendoza o el señalado Matar – Cazabán. Y en el medio de todo esto el periodista debe  elaborar un material que finalmente llegue a conocimiento del ciudadano. Con esa  luz de verdad por lo que sufren a diario miles y miles de mendocinos en materia de inseguridad. Además, lo que le pasa  al estado en los torcidos caminos de algunos políticos venidos a funcionarios.


El trabajador de prensa estuvo en el lugar donde se cometió el delito, donde se encontró el cuerpo de la víctima, donde fue apresado el delincuente; en las cientos de dolorosas marchas por los cientos de muertos que se llevó la inseguridad y en cada proceso judicial que terminó juzgando a quien cometió un delito. Un trabajo que no es fácil y en el muchas veces el periodista ha tenido que soportar el portazo de los tribunales, el bloqueo de información y hasta duras amenazas de la delincuencia.


Tarea periodística que se constituyó en elemento vital de investigaciones que la policía culminó con éxito ante la justicia penal, con sujetos u organizaciones delictivas que lesionaron a Mendoza en sus bienes materiales y en la vida de sus seres queridos. Tarea periodística que puso en valor el trabajo de jueces y fiscales, poco conocidos por el ciudadano. Tarea periodística que fue esencial para que “muchas verdades” salieran a la luz y se alcanzara esa justicia que merece la gente. Sin chicanas, convenientes dilaciones, amarillismo u otras reprochables actitudes que hubieran desacreditado la tarea profesional primero, la del medio después.


En los últimos días el periodista mendocino se ha visto sorprendido por una “nueva actitud” que no habla bien de los poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) hacia la prensa y en forma directa hacia “el derecho constitucional” que tiene el ciudadano de estar informado. Porque se está pergeñando un golpe certero, que a todas luces, es inadmisible censura previa. La misma que se refleja en el artículo 7 de la Ley de Creación del Ministerio Público Fiscal. Allí se expresa con sutileza que toda información estará coordinada por una oficina de prensa (¿?). Punto que encierra solapadamente el impedimento de diálogo de los fiscales con los periodistas, ante cualquier hecho o investigación. Sopesa, que si algún fiscal llegase a no cumplir, estaría violando una ley por lo que sería inmediatamente sometido a Jury de Enjuiciamiento.


Se sabe que esto no es una idea del flamante Procurador de la Suprema Corte de Justicia, a pesar que muchos lo señalan como el ideólogo. Porque más allá de que Alejandro Gullé lo aprueba “sin objeción alguna”, esta iniciativa ha partido con orden directa del gobernador Alfredo Cornejo, desde el mismo momento que fue confeccionado el proyecto de ley de creación del Ministerio Público Fiscal.


Muchas preguntas sobrevuelan por estos tiempos ante este grave episodio: ¿porqué amordazar a los fiscales?;¿hay cosas que la gente no debe saber sobre la tarea de los fiscales en su accionar contra la inseguridad?; ¿qué investigación periodística echó por tierra algún procedimiento o esclarecimiento de la justicia?; ¿cree la actual administración provincial que de esta manera se mantendrá alejada a la gente de los conocimientos sobre lo que sucede o se hace contra la inseguridad?; ¿no se está avasallando la independencia de poderes colocando este “cuestionado punto” que no ha propuesto el poder judicial?; ¿qué pasará con el conocimiento ciudadano de aquellos hechos de corrupción dentro del estado?¿el actual gobierno no está entrando en groseras contradicciones?, esto último va a colación porque en el Congreso de la Nación y en la Legislatura local están otorgando más herramientas a la prensa con la Ley de Acceso a la Información Pública y desde el Ejecutivo se ponen vallas, como la denunciada.


Es más que grave lo propuesto. La provincia de Mendoza retrocede mucho en el respeto a los derechos que le asisten a cada ciudadano, plasmados en la constitución. Se está groseramente violando la  Libertad de Prensa y Libertad de Expresión, sin necesidad alguna. Más preocupante aún, que esto sale de una sola cabeza y “nadie” le explica lo incorrecto y el costo político del paso a dar. Por el contrario, hay sintonía desde el ejecutivo al legislativo para que el Artículo 7 de la Ley de Creación del Ministerio Público Fiscal salga sin modificación alguna. Aunque los periodistas nos enteramos, que en la trastienda parlamentaria, integrantes del Frente Cambia Mendoza no ven con buenos ojos este punto, que lo aprobarían a regañadientes por eso de “la obediencia debida”. Algo por lo que la oposición en su conjunto tampoco estaría de acuerdo.


La decisión está tomada, aunque el paso conlleve un lamentable acto de censura previa, para que el periodismo espere en las puertas de tribunales que “le digan qué tiene que informar” y el ciudadano “no esté informado” de lo que en realidad sucede en Mendoza en materia penal. Tan lamentable, como patético, que el mendocino no lo merece.


Daniel Gallardo – Periodista y Productor de Estudio Cooperativa 91.7 y Diario El Ciudadano


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¿Censura a la prensa mendocina para NO hablar de inseguridad?

La ciudadanía mendocina observa con muchas expectativas todo ese paquete de medidas que entre los tres poderes del estado, se instrumentan, para comenzar a “agrietar” esa inexpugnable inseguridad. Medidas, pasos y acciones que la gente se entera cuando escucha, lee o mira el trabajo periodístico que al respecto se lleva a cabo con prioridad informativa. Esto último, porque el periodismo entiende que la inseguridad es un lamentable aspecto excluyente en la vida de la provincia de los últimos diez años. Del mismo modo, “esas otras investigaciones” que incumben a la justicia penal y que envuelven, por ejemplo, actos de corrupción en el estado. Algo, que también por el trabajo periodístico la justicia intervino y muchos temas están en correspondiente proceso. Aunque, a fuerza de ser sinceros hay casos que tienen “alarmante y preocupante” parálisis, como el sonado Matar – Cazabán.

Ante esto, lo que no sabe la gente es que el periodista debe caminar en el laberinto de la investigación judicial, policial y hasta en el medio de ese pestilente terreno del hampa. También de las presiones políticas para que oscuros puntos de la corrupción estatal no sean dados a conocer. Como sucedió en su momento con la investigación de prensa por los ticket vale más, la vuelta ciclística de Mendoza o el señalado Matar – Cazabán. Y en el medio de todo esto el periodista debe  elaborar un material que finalmente llegue a conocimiento del ciudadano. Con esa  luz de verdad por lo que sufren a diario miles y miles de mendocinos en materia de inseguridad. Además, lo que le pasa  al estado en los torcidos caminos de algunos políticos venidos a funcionarios.

El trabajador de prensa estuvo en el lugar donde se cometió el delito, donde se encontró el cuerpo de la víctima, donde fue apresado el delincuente; en las cientos de dolorosas marchas por los cientos de muertos que se llevó la inseguridad y en cada proceso judicial que terminó juzgando a quien cometió un delito. Un trabajo que no es fácil y en el muchas veces el periodista ha tenido que soportar el portazo de los tribunales, el bloqueo de información y hasta duras amenazas de la delincuencia.

Tarea periodística que se constituyó en elemento vital de investigaciones que la policía culminó con éxito ante la justicia penal, con sujetos u organizaciones delictivas que lesionaron a Mendoza en sus bienes materiales y en la vida de sus seres queridos. Tarea periodística que puso en valor el trabajo de jueces y fiscales, poco conocidos por el ciudadano. Tarea periodística que fue esencial para que “muchas verdades” salieran a la luz y se alcanzara esa justicia que merece la gente. Sin chicanas, convenientes dilaciones, amarillismo u otras reprochables actitudes que hubieran desacreditado la tarea profesional primero, la del medio después.

En los últimos días el periodista mendocino se ha visto sorprendido por una “nueva actitud” que no habla bien de los poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) hacia la prensa y en forma directa hacia “el derecho constitucional” que tiene el ciudadano de estar informado. Porque se está pergeñando un golpe certero, que a todas luces, es inadmisible censura previa. La misma que se refleja en el artículo 7 de la Ley de Creación del Ministerio Público Fiscal. Allí se expresa con sutileza que toda información estará coordinada por una oficina de prensa (¿?). Punto que encierra solapadamente el impedimento de diálogo de los fiscales con los periodistas, ante cualquier hecho o investigación. Sopesa, que si algún fiscal llegase a no cumplir, estaría violando una ley por lo que sería inmediatamente sometido a Jury de Enjuiciamiento.

Se sabe que esto no es una idea del flamante Procurador de la Suprema Corte de Justicia, a pesar que muchos lo señalan como el ideólogo. Porque más allá de que Alejandro Gullé lo aprueba “sin objeción alguna”, esta iniciativa ha partido con orden directa del gobernador Alfredo Cornejo, desde el mismo momento que fue confeccionado el proyecto de ley de creación del Ministerio Público Fiscal.

Muchas preguntas sobrevuelan por estos tiempos ante este grave episodio: ¿porqué amordazar a los fiscales?;¿hay cosas que la gente no debe saber sobre la tarea de los fiscales en su accionar contra la inseguridad?; ¿qué investigación periodística echó por tierra algún procedimiento o esclarecimiento de la justicia?; ¿cree la actual administración provincial que de esta manera se mantendrá alejada a la gente de los conocimientos sobre lo que sucede o se hace contra la inseguridad?; ¿no se está avasallando la independencia de poderes colocando este “cuestionado punto” que no ha propuesto el poder judicial?; ¿qué pasará con el conocimiento ciudadano de aquellos hechos de corrupción dentro del estado?¿el actual gobierno no está entrando en groseras contradicciones?, esto último va a colación porque en el Congreso de la Nación y en la Legislatura local están otorgando más herramientas a la prensa con la Ley de Acceso a la Información Pública y desde el Ejecutivo se ponen vallas, como la denunciada.

Es más que grave lo propuesto. La provincia de Mendoza retrocede mucho en el respeto a los derechos que le asisten a cada ciudadano, plasmados en la constitución. Se está groseramente violando la  Libertad de Prensa y Libertad de Expresión, sin necesidad alguna. Más preocupante aún, que esto sale de una sola cabeza y “nadie” le explica lo incorrecto y el costo político del paso a dar. Por el contrario, hay sintonía desde el ejecutivo al legislativo para que el Artículo 7 de la Ley de Creación del Ministerio Público Fiscal salga sin modificación alguna. Aunque los periodistas nos enteramos, que en la trastienda parlamentaria, integrantes del Frente Cambia Mendoza no ven con buenos ojos este punto, que lo aprobarían a regañadientes por eso de “la obediencia debida”. Algo por lo que la oposición en su conjunto tampoco estaría de acuerdo.

La decisión está tomada, aunque el paso conlleve un lamentable acto de censura previa, para que el periodismo espere en las puertas de tribunales que “le digan qué tiene que informar” y el ciudadano “no esté informado” de lo que en realidad sucede en Mendoza en materia penal. Tan lamentable, como patético, que el mendocino no lo merece.

Daniel Gallardo – Periodista y Productor de Estudio Cooperativa 91.7 y Diario El Ciudadano

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