Bonadío procesó al titular del PAMI
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Por Redacción

Bonadío procesó al titular del PAMI



El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al director ejecutivo del PAMI, Luciano Di Césare, por defraudación a la administración pública a raíz de presuntas irregularidades en la suscripción de letras del tesoro.


Se trata de una denuncia hecha por la legisladora Graciela Ocaña, y en la misma resolución Bonadio decretó la falta de mérito del exministro de Economía Hernán Lorenzino y el sobreseimiento del expresidente del Banco Central de la República Argentina Juan Carlos Fábrega.


Di Cesare suscribió letras del tesoro durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por poco más de 2.300 millones, algo que, según consta en la causa, provocó “colocaciones financieras perjudiciales para los fines del organismo”.


Para el juez, la determinación de invertir sobre letras del tesoro impidió que el PAMI “contara con fondos que debía aplicar a sus fines propios”.


El organismo “financió durante cinco años al Estado Nacional a costas de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social que son, principalmente, los abuelos jubilados y pensionados que necesitan la prestación”.


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El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy al director ejecutivo del PAMI, Luciano Di Césare, por defraudación a la administración pública a raíz de presuntas irregularidades en la suscripción de letras del tesoro.

Se trata de una denuncia hecha por la legisladora Graciela Ocaña, y en la misma resolución Bonadio decretó la falta de mérito del exministro de Economía Hernán Lorenzino y el sobreseimiento del expresidente del Banco Central de la República Argentina Juan Carlos Fábrega.

Di Cesare suscribió letras del tesoro durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por poco más de 2.300 millones, algo que, según consta en la causa, provocó “colocaciones financieras perjudiciales para los fines del organismo”.

Para el juez, la determinación de invertir sobre letras del tesoro impidió que el PAMI “contara con fondos que debía aplicar a sus fines propios”.

El organismo “financió durante cinco años al Estado Nacional a costas de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social que son, principalmente, los abuelos jubilados y pensionados que necesitan la prestación”.

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