SEGURIDAD. En Mendoza la mayoría de los juicios se resuelven gracias al testimonio de testigos, pero lo llamativo del caso es que quienes deben atestiguar en una causa no cuentan con un programa de protección provincial que los contenga y les ofrezca las garantías que requiere tal acción. Así lo denunciaron desde la ONG Asociación de Víctimas del Delito.

En los últimos días, se han visto casos concretos de personas que por temor a represalias se han negado a atestiguar en un juicio, como fue el caso del testigo del crimen del repartidor Carlos Passetti, que por no presentarse espontáneamente a declarar tuvo que intervenir la fuerza pública.

Según comentó el titular de la ONG, Alejandro Gil, legalmente no hay protección para los testigos, por lo que preguntó: “¿Usted lo haría si el Estado no le ofrece ninguna seguridad?”.

Para el viudo de Laura Abonassar, la protección a testigos es indispensable para una causa judicial, ya que el testimonio permite en la mayoría de los casos el esclarecimiento del crimen.

Molesto por la situación que le tocó vivir al testigo del caso Carlos Passetti, que se negaba ir a declarar por falta de protección, Gil comentó que no se pudo conseguir ni siquiera el cambio de domicilio, por eso justificó la actitud del testigo.

Al respecto, comentó que en la Legislatura se encuentra un proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara Baja, el cual crea un programa de protección de testigos y arrepentidos.

“El proyecto de autoría del diputado concertador Luis Petri necesita la aprobación del Senado para su realización”, explicó el titular de la ONG, por lo que solicitó a los legisladores que olviden los colores políticos y sancionen lo más pronto posible esta ley tan importante.

Por su parte, el legislador cobista remarcó que el proyecto tiene por objeto proteger a los ciudadanos cuando existiese un peligro fundado de sufrir un menoscabo a su vida, integridad psicofísica y a sus bienes.

El programa de protección establece que en cada caso se elaborará un plan individual en relación a la magnitud del peligro al testigo o a su familia, por lo que las medidas para protegerlo serán variadas.

Entre las medidas de protección está la de disponer en el domicilio del testigo o arrepentido la presencia de personal policial, que si bien en la actualidad se realiza, quien tiene el poder de autorizar tal acción es el juez de la causa y sólo por un tiempo determinado.

Otra de las pautas es realizar patrullajes en la zona de residencia del testigo y acompañamiento policial cuando deba declarar el testigo.

Los aportes más radicales del proyecto se dan en las medidas que disponen el cambio del lugar de residencia del testigo. Por ello se le podrá otorgar un subsidio de una suma de dinero que determinará la coordinación del programa que permita mantener el sustento, alojamiento y nivel de vida del testigo.

También se podrá gestionar un cambio de trabajo, de escuela para los hijos del testigo y hasta un cambio de identidad.