ECONOMÍA. Más de nueve meses necesitó el Estado para realizar el proceso administrativo de adjudicación de 11 áreas petroleras secundarias, un trámite clave para descomprimir, aunque sea en forma moderada, el oscuro panorama energético. Por eso, ayer se vivía un clima de distensión en los despachos oficiales y entre las empresas y sociedades concesionarias.

Las ofertas, en su conjunto, rondan los US$ 300 millones (unos $957 millones) y fueron aprobadas para explorar el subsuelo y explotarlo en caso de que sea posible. Además, las propuestas aceptadas ofrecen pagar a la Provincia entre un 15% hasta un 23% en concepto de regalías por la futura extracción de petróleo.

Las empresas adjudicatarias se repartirán 11 de las 12 áreas que el proceso licitatorio incluyó, ya que una (Río Atuel) no fue adjudicada por problemas en las ofertas.

Las empresas en cuestión son Oil M&S, YPF SA, Occidental Argentina, Ketsal-Kilwer y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) constituida por Compañía General de Combustibles, Piedra del Águila y Desarrollos Energéticos S.A.

Por las características de los yacimientos, todos los funcionarios consultados destacaron la importancia que tiene para Mendoza estas adjudicaciones. “Las áreas secundarias de petróleo serán manejadas en forma directa por la Provincia sin tener que discutir ningún aspecto con la Nación”, explicó el subsecretario de Hidrocarburos, Osvaldo Musso.

Esto significa que el Gobierno podrá quitar la concesión o repactar condiciones en forma directa con los oferentes, aunque siempre de acuerdo a lo previsto en los pliegos de licitación. Otro ejemplo de esta independencia es el artículo 5 de los ocho decretos, que establece que las empresas deberán pagar un plus del 2% sobre la oferta comprometida que será destinada a reforzar los fondos de la Dirección General de Escuelas. De hecho, todas las empresas ya aceptaron la iniciativa oficial y aportarían cerca de US$ 8 millones.

Hay que recordar que el proceso fue accidentado y que resurgió en julio del año pasado, cuando la ministra de Economía de Julio Cobos, Laura Montero, realizó una segunda ronda licitatoria. Ese nuevo llamado se produjo luego que la gestión cobista rechazara por “inadmisibles” las ofertas presentadas a fines de setiembre de 2006.